Los abogados del dirigente del PNV Gorka Agirre, imputado por su presunta mediación en el cobro a empresarios del denominado 'impuesto revolucionario' de ETA, han recurrido la acusación del juez Grande-Marlaska y exigen anular las medidas cautelares impuestas a su defendido. Los letrados también solicitan al magistrado que levante el secreto de sumario para evitar filtraciones del caso.

En el recurso, presentado en la Audiencia Nacional, la defensa critica al fiscal por interpretar que Agirre medió con la red de extorsión de ETA a raíz de su declaración ante el magistrado. De hecho, los abogados subrayan que tanto la imputación como la aplicación de las medidas cautelares (fianza de 30.000 euros, comparecencia semanal en el juzgado e imposibilidad de salir de España) se adoptaron tras «despreciar» una realidad «sangrante», como es que el responsable nacionalista y su familia hayan sido amenazados por la banda.

«ETA asesinó a amigos suyos como Joseba Goikoetxea y hay personas que, por seguir su consejo de no pagar el chantaje han sufrido atentados», matiza un comunicado hecho público por la plataforma de apoyo a Agirre. En este sentido, los letrados insisten en que su defendido «nunca ha intermediado, pagado o gestionado» el 'impuesto'.

Además, los abogados presentaron otro recurso contra la prórroga del secreto del sumario. A su juicio, la medida es «totalmente injusta y perjudicial» para su defendido, ya que la revelación de actuaciones procesales secretas mediante filtraciones «han sido constantes desde el día siguiente a ser dictada esta resolución».