La declaración judicial de los 30 detenidos en la segunda fase de la 'operación Malaya' contra la corrupción inmobiliaria en la Costa del Sol y el Ayuntamiento de Marbella concluyó ayer con prisión para siete ex ediles marbellíes y un constructor, libertad bajo fianza para diez personas y libertad con cargos para otras once. Además, el juez Miguel Ángel Torres ha dejado en libertad al director comercial de la promotora Aifos, Francisco García Lebrón, según informaron informaron fuentes judiciales, aunque no precisaron si le impuso fianza y si ha quedado imputado o no. En cualquier caso, no se descartan que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones como consecuencia de la declaración de los últimos constructores.

Entre los detenidos que tuvieron que abonar fianzas para quedar en libertad se encuentran seis empresarios, tres de los cuales -José Ávila Rojas, Emilio Miguel Rodríguez Bugallo y el promotor murciano Tomás Olivo- han tenido que pagar medio millón de euros cada uno, la mayor cantidad impuesta por el juez en este caso. También han tenido que depositar importantes cantidades de dinero el promotor cordobés Rafael Gómez Sánchez y el constructor abulense Enrique Ventero -300.000 euros-, mientras el empresario inmobiliario de la Costa del Sol Cristóbal Peñarroya abonó 30.000 euros. Sobre todos ellos pesa una imputación por un delito de cohecho.

El director comercial de la promotora Aifos, Francisco García Lebrón, quedó en libertad la pasada madrugada tras declarar por segunda vez ante el juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella e instructor del caso, Miguel Ángel Torres, que habría revocado un primer auto en el que ordenaba su ingreso en prisión incondicional. García Lebrón pidió comparecer ante el juez de nuevo cuando aún no había abandonado el juzgado hacia la prisión. Durante una hora fue asistido por una abogada de oficio después de que en la primera declaración contara con un letrado privado.

Antes de esta segunda declaración, el ejecutivo tuvo que ser atendido de una crisis de ansiedad por un equipo sanitario de emergencias, que se desplazó al juzgado, mientras que el constructor y ganadero Fidel San Román, empresario de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, ha sido encarcelado en esta segunda fase por un delito de cohecho en relación con tráfico de influencias y prevaricación, según fuentes de la defensa. Los ex ediles en prisión incondicional son cinco, elegidos por el Grupo Independiente Liberal (GIL) y que fundó el fallecido ex alcalde marbellí Jesús Gil: el ex capitán del Atlético de Madrid Tomás Reñones, Rafael González, José Luis Fernández, Rafael Calleja y Vicente Manciles.

En relación a la pregunta formulada al Ministerio de Interior por el grupo IU-ICV sobre la posible colaboración de la Interpol en las investigaciones referidas al 'caso Malaya', el Gobierno eludió dar más información y se limitó a contestar con un escueto «se ha decretado el secreto de sumario». Por su parte, cientos de personas se manifestaron ayer por las calles de Marbella en compañía del ex alcalde Julián Muñoz para pedir la disolución del Ayuntamiento.

Macrooperación

La segunda fase de la 'operación Malaya' tiene su origen en la documentación hallada en las dependencias municipales de Marbella y otros inmuebles, así como en cientos de cuentas bancarias bloqueadas. La macrooperación, una continuación de la redada iniciada en marzo y que concluyó con el ingreso en prisión de la ya ex alcaldesa Marisol Yagüe, la teniente de alcalde Isabel García Marcos y el asesor de Urbanismo José Antonio Roca, considerado el cerebro de la organización, se desarrolló en las provincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Navarra y en ella participaron más de 300 agentes coordinados por la el juez Torres y la Fiscalía Anticorrupción.