El proyecto de ley del Estatuto Básico del Empleado Público abre la puerta a la jubilación anticipada del colectivo, según confirmó ayer el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. El ministro reconoció que se trata de un capítulo incorporado a última hora, que contempla «con carácter excepcional y en el marco de planificación de los recursos humanos» la posibilidad de «establecer condiciones especiales de jubilación voluntaria» a negociar con los sindicatos. Añadió que el futuro Estatuto también es proclive a constituir una mesa para abordar el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos.

En junio de 2005, Sevilla anunció que alrededor de 25.000 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), con edades comprendidas entre los 58 y los 64 años podrían acceder a la prejubilación (antes de los 60 años) o a la jubilación anticipada (a partir de los 61 años). La noticia contó enseguida con el rechazo de Economía y Hacienda, cuyo responsable, Pedro Solbes, apuntó que «lo lógico» era «alargar la vida laboral y no acortarla». Ahora, pasado un año, Sevilla ha conseguido introducir en el área pública el derecho al retiro anticipado.

Sus declaraciones tuvieron lugar tras la habitual rueda de prensa celebrada en el Palacio de La Moncloa después del Consejo de Ministros. El Gabinete aprobó el proyecto de Estatuto para su remisión a las Cortes. Las previsiones del Gobierno apuntan que la ley entrará en vigor a mediados de 2007. Afectará a los 2,5 millones de funcionarios de todas las administraciones públicas, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos y entre las medidas más destacadas consolida la negociación colectiva. Fuera de su cobertura quedan las Fuerzas Armadas, los Cuerpos de Seguridad y la Administración de Justicia, entre otros colectivos.

Temporalidad y apoyos

Sevilla insistió en que se trata de una norma que «no va en contra de nadie» en alusión a los estatutos de autonomía. «Se limita a fijar unas condiciones mínimas y básicas a incrementar por las comunidades», reiteró, y lamentó al mismo tiempo «los análisis catastrofistas» que se escuchan en las últimas semanas.

Uno de los objetivos del Estatuto es reducir el elevado índice de temporalidad de las administraciones públicas. El ministro informó de que espera que en un periodo de cuatro años, la tasa baje al 9%. «Es un poco difícil hacer pronósticos porque son decisiones que también dependen de las comunidades y de los ayuntamientos», dijo. Fuentes de su Departamento señalaron que el mayor problema se encuentra precisamente en el ámbito municipal, donde la eventualidad sobrepasa el 30%.

En septiembre, el proyecto entrará en el Congreso de los Diputados para su tramitación. Sevilla se ha encargado de firmar con determinadas fuerzas parlamentarias acuerdos que respaldan la futura norma. «Con independencia del PSOE, contamos con el apoyo por escrito de ERC, CiU y PNV, y verbal de IU-ICV y CC, lo que da una mayoría más que suficiente para sacar adelante el Estatuto», aseguró.