Una moción aprobada por el Congreso el pasado 27 de junio abre la puerta a la posibilidad de que el País Vasco se beneficie de la eventual 'redistribución' de entidades oficiales por el territorio español. En el texto se insta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a «iniciar conversaciones» sobre la descentralización de organismos reguladores. Días antes, el lehendakari, sumándose a la petición de otros agentes sociales, había solicitado el traslado a Bilbao de la Comisión Nacional de la Energía.

La idea de descentralizar el Estado tiene una gran lógica económica y se acomoda perfectamente con el reparto territorial del poder establecido primero en la Constitución, luego en los estatutos de autonomía y ahora en los proyectos iniciados para su reforma. No hay razones obvias que obliguen a situar en Madrid todos los ministerios, la cúpula del poder judicial, la totalidad de los organismos reguladores y la inmensa pléyade de institutos, instituciones, academias, federaciones, etcétera. Es más, tal acumulación, además de ser poco equitativa e injusta con el resto del país, provoca una concentración urbana caótica y de crecimiento desordenado, cuando a todo ello se añade el tremendo efecto tractor que 'lo público' ejerce sobre 'lo privado'. Las empresas de toda índole tienen un incentivo añadido a la mera conveniencia estratégica y logística para instalarse cerca de los centros del poder administrativo y político.

Bilbao y Euskadi tienen muchos activos para presentar su candidatura como sede de la Comisión Nacional de la Energía. Cuentan con una dilatada tradición energética, ya que desde aquí se diseñaron, se financiaron y se gestionaron una buena parte de los centros de producción eléctrica existentes; es la sede de empresas tan relevantes en la producción y distribución como Iberdrola o Naturgás y de una gran cantidad de compañías suministradoras del sector; y en su seno se gestó Gamesa y su potente grupo industrial. La iniciativa es también muy conveniente para el propio Estado, pues no hay duda de que abandonar los territorios con conflictos tan sólo puede dar alas a los que quieren romper los lazos de unión seculares. No hay duda de que cuanto menor sea el coste de la ruptura con el Estado, más partidarios habrá de ella. Por eso la idea es buena y su planteamiento razonable, aunque para convertirse en una realidad tangible necesita una negociación política e institucional intensa, mucha labor de convencimiento para los empleados que necesiten trasladarse y una nítida, clara e irreversible lealtad constitucional en ambas direcciones.