Felipe Calderón, candidato del centro-derecha y ganador por un ajustadísimo margen en las elecciones presidenciales celebradas en México el pasado domingo, ha confirmado su propuesta de constituir un Gobierno de unidad nacional que responda al inédito escenario que dejan los comicios y dé respuesta a los grandes retos del país. Una oferta que está pendiente, como su propio nombramiento, de la impugnación presentada por el aspirante de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene hasta el 31 de agosto para resolver la petición de recuento 'voto a voto', y hasta el 6 de septiembre para la proclamación del presidente. Si es que no se anula todo el proceso electoral.

La conducta del candidato de la coalición Por el Bien de Todos no debe extrañar en absoluto y es casi seguro que Calderón habría hecho lo mismo de haber perdido por tan ajustada diferencia y haber reconocido la autoridad electoral mexicana que en el recuento preliminar faltaron casi tres millones de sufragios por contabilizar. Incluso en Estados Unidos, en el empate técnico entre Al Gore y George W. Bush, tuvo que ser el Tribunal Supremo el árbitro definitivo de las elecciones del año 2000. Formalmente, nada hay que objetar a la maniobra política del candidato de la oposición, López Obrador, aunque distinto es su empecinamiento en cuestionar abiertamente la neutralidad del Instituto Federal Electoral, conocido por su solvencia y alabado, pese al desfase del conteo preliminar, por los observadores del Consejo de Europa. Tampoco puede considerarse muy acertada la decisión de movilizar a sus seguidores en un momento en el que debería imponerse la prudencia de los actores políticos, sobre todo después de una campaña durísima y no siempre muy limpia. Lo que parece ya fuera de toda duda es que la democracia arraiga en México tras el fin de la interminable 'dictadura perfecta' pilotada durante setenta años por el Partido Revolucionario Institucional.