El presidente del Gobierno no se ha cansado de advertir sobre el carácter «largo, duro y difícil» del proceso que habrá de conducir, si todo discurre según lo esperado, a la definitiva desaparición de la violencia en nuestro país. Quizá debería haber añadido a los tres ya citados un cuarto adjetivo más significativo todavía, pues, si por algo está caracterizándose el proceso que acaba de iniciarse, es, más que por ninguna otra cosa, por su sinuosidad. Será, por tanto, además de «largo, duro y difícil», un camino de recodos y revueltas el que habrá de recorrerse antes de dar por alcanzada la meta final.

Nada será, en consecuencia, previsible en este recorrido. La imprevisibilidad forma parte -es verdad- de la naturaleza misma de este tipo de procesos -el diálogo está siempre expuesto a las sorpresas que depara el interlocutor-, pero se ve además reforzada por las circunstancias particulares que han rodeado a este concreto por el que de hecho se ha optado. Concebido, en efecto, el actual proceso según las previsiones del Acuerdo de Ajuria-Enea, su desarrollo se ha visto interferido, desde su mismo inicio, por otro planteamiento ajeno como es el que inspiró la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna. La idea de la derrota total, que es la que late en éstas, y la del diálogo final, que es la que en aquél se ocultaba, han confluido en un punto y están llamadas a causar más de un sobresalto en el camino.

Nadie debería tomarse, por todo ello, demasiado en serio la afirmación de que todo habrá de discurrir de acuerdo con lo establecido en una 'hoja de ruta' que los protagonistas habrían diseñado de antemano. Aquí, como en el fútbol, resulta, más bien, de aplicación aquella otra observación con que respondía un famoso entrenador cada vez que se le preguntaba por el valor de la táctica: «No, si yo, en la pizarra, los coloco a todos muy bien ordenados sobre el campo; lo que pasa es que, cuando empieza el partido, los jugadores se me mueven». Algo así va a ocurrir en nuestro caso. La reciente reunión entre el PSE y Batasuna debería bastar para darse cuenta de que el desorden que introduce lo imprevisto forma parte, también aquí, del desarrollo normal del partido. Las tácticas diseñadas en la pizarra acaban juzgándose buenas o malas sólo a partir del resultado, con tal, naturalmente, de que la contienda se desarrolle de acuerdo con las reglas del juego.

Con todo, el desorden, por muy consustancial que sea al propio juego, no deja impasible al espectador, sino que crea en él desconcierto, al menos mientras el resultado final le sea desconocido. No acaba aquél de saber si el aparente desmadre que observa en el campo ha de atribuirse a la positiva creatividad de los jugadores o es, por el contrario, producto de la más absoluta falta de criterio del entrenador y del equipo entero. Busca entonces a algún entendido que se lo explique. Ocurre, sin embargo, que, en este partido que ahora nos ocupa, los que deberían ser los entendidos parecen ser precisamente los más desconcertados. Veamos, si no, sus actuaciones.

En algún momento de 2004, el Tribunal Supremo dictaminó que nada había de delictivo en aquella famosa entrevista de Carod-Rovira con la cúpula etarra. Hace poco más de un mes, el Tribunal Superior del País Vasco admitió, en cambio, a trámite una querella contra el lehendakari Ibarretxe por haberse reunido con Batasuna. Siguiendo esta doctrina del TSPV, pero haciendo caso omiso de aquella del TS, el juez Grande-Marlaska prohibió una conferencia que Otegi iba a pronunciar en Barcelona por invitación de un periódico. Y hace sólo un par de días, el juez Garzón, prefiriendo, por su parte, aquel criterio del TS a este del TSPV, acaba de decir en un auto que no ve delito alguno en que el PSE se reúna con la por él mismo ilegalizada Batasuna. Así, pues, si los supuestos entendidos no son capaces de introducir un mínimo de inteligibilidad en el proceso, ustedes me dirán a quién podrá recurrir el ciudadano para salir de su razonable desconcierto.

No, desde luego, a los partidos. En este caso, excluida la supuesta imparcialidad de los jueces, ni siquiera los que se dicen amigos actúan como tales. Miren, si no, cómo se han comportado los que, por declararse favorables al proceso, deberían ser los primeros en hacerlo inteligible al ciudadano. Dice, por ejemplo, Batasuna que le parecen importantes las palabras del presidente Zapatero y salen de inmediato los del tripartito vasco a declararlas insuficientes y triviales. Lo que podría haber sido una pista para entender cómo avanza el proceso se convierte en fuente de nueva confusión.

Nada le queda, pues, al ciudadano para juzgar el proceso que no sea su propia sensatez. Sólo ella podrá ayudarle a distinguir entre el obstáculo insalvable y la simple curva cerrada en un camino que debería saber de antemano sinuoso.