Los pilotos de Iberia inician hoy, en pleno periodo vacacional, una huelga de una semana, que dejará en tierra a 200.000 personas, a razón de 29.000 por día. Las negociaciones que se mantuvieron ayer hasta última hora de la noche entre el sindicato Sepla y la compañía no permitieron desconvocar un paro que le supondrá a la aerolínea unas pérdidas de cinco millones de euros por jornada. La reunión que se celebró a la mañana en la sede del Ministerio de Fomento no sirvió para nada, salvo para constatar el «hartazgo» de la empresa ante lo que consideran una protesta «ilegal», «abusiva» e «insolidaria», tanto respecto al resto de empleados como a los ciudadanos en general.

A Iberia le preocupa mucho la mala imagen que puede dar la compañía ante sus clientes al verse obligada a suspender 228 vuelos diarios -1.600 en el conjunto de la semana-. Por este motivo, la aerolínea achaca a los pilotos la responsabilidad de la falta de acuerdo por no aceptar ninguna de las «garantías» ofrecidas, entre ellas, el mantenimiento del empleo actual en este colectivo, al menos, hasta finales de 2008, plazo ampliable en un año. Este acuerdo lo tutelaría el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, la compañía ofrece abrir una comisión de seguimiento tripartita (junto a Fomento) que analice el impacto que Catair, la nueva aerolínea de bajo coste en la que participa Iberia y cuya creación ha motivado el paro, tendrá en ese empleo. El Sepla, que representa a la casi totalidad de los pilotos, ha rechazado estas propuestas por no ir acompañadas de algún tipo de compromiso económico, a lo cual no está dispuesta Iberia, que tilda de «aberración» el aval bancario -por 6.000 millones de euros- pedido para garantizar su sueldo hasta la jubilación. No obstante, el sindicato sostiene que durante el fin de semana rebajó «en gran medida» esta exigencia.

La aerolínea y los pilotos se acusan mutuamente de mantener posturas «inflexibles» y de «utilizar» a la Administración a su favor. El Sepla cree que la «evidente intención» de Iberia es forzar un laudo arbitral del Gobierno que «suspenda el derecho constitucional a la huelga y maniate» a sus afiliados. En Iberia, por su parte, se preguntan «qué más garantías» quieren, al tiempo que consideran un «abuso» que un colectivo que «sólo representa el 7,5% de la plantilla» -serían unas 2.000 personas- convoque una medida de protesta de tal magnitud.

Denuncia a los tribunales

Aunque los encuentros personales se daban por concluidos a mediodía -así lo confirmó el propio secretario general de Transportes, Fernando Palao-, durante la tarde-noche de ayer continuaron los contactos telefónicos a tres bandas (pilotos, empresa y Gobierno), pues nadie descartaba «una mínima posibilidad» de que la huelga se desconvocara, ya fuera «en el último minuto» e incluso durante la semana. En cualquier caso, Trabajo iniciará hoy los trámites para el acto de conciliación solicitado por Iberia, ya que es el paso obligado para, de no haber acuerdo, pedir a la Audiencia Nacional que declare ilegal una protesta que le va a costar 35 millones de euros.

Esta denuncia ante los tribunales puede que no sea la única, pues las asociaciones de consumidores reconocidas por el Gobierno estudian presentar una querella contra los responsables del Sepla.