En los umbrales del recuerdo al 18 de julio, temo un revisionismo estúpido. Ingenuo, y lelo al mismo tiempo, producto de no sé qué tipo de visión determinista de la historia mezclada con una especie de absurdo reparto equitativo de responsabilidades y culpas. Ésa es para algunos -muchos intelectuales aferrados a los púlpitos oficiales del país- la versión políticamente correcta que se ha de articular a los setenta años del levantamiento fascista de 1936. No obstante, la declaración por parte del Congreso, el pasado 22 de junio, de 2006 como año de la Memoria histórica y punto de inflexión de cara a recuperar el reconocimiento de los valores democráticos y progresistas de la II República, ayudará mucho a sobrellevar todo lo que queda por venir.

Posiblemente no haya otra manera de concebir la memoria histórica que como un ejercicio libre y único exigido, como no podía ser de otro modo, por la propia historia. Es decir, recuperar la memoria es hacer nuestro el ayer en toda su extensión y, para ello, la historia establece que se nombren actitudes y hechos desde una fidelidad absoluta a la verdad. De ese modo, sólo cuando nombremos con libertad el pasado del que somos deudores empezaremos a rendir justo tributo a los que fueron liquidados, represaliados, silenciados y reprimidos por los que nunca tuvieron vergüenza en ser calificados como fascistas. Consecuencia de todo ello es que, de una vez por todas, deberemos ser capaces de calificar el 18 de julio como nuestro día de la infamia. Un ejercicio de alta traición a la voluntad del pueblo en el que aquéllos que se alzaron en armas violaron conscientemente la soberanía popular, la cual -y así lo expresaron en multitud de ocasiones- les importaba muy poco. Este planteamiento evitará, de una vez por todas, caer en la tentación de afirmar que la Guerra Civil no fue más que el desenlace fatal de un drama inevitable. Creencia falsa porque los procesos históricos no están determinados por una especie de destino fatal incontrolable a la voluntad humana. Sólo una parte tuvo la culpa de lo que ocurrió.

Sin embargo, aún permanece cierta tendencia a disculpar el ejercicio golpista del 18 de julio. Que si la quema de conventos, que si los desmanes callejeros de los anarquistas, que si las demandas excesivas de los obreros, que si los nacionalismos y la ruptura de España... Nada de esto fue producto de un sistema legítimamente establecido y nunca el Gobierno republicano apoyó actos que contravinieran el orden por él mismo deseado. Los desmanes de las masas no van encaminados a cuestionar la democracia sino, como todos sabemos, a los que la gestionan y gobiernan, para los cuales hay mecanismos suficientes para sancionarlos desde la justicia y no desde las armas. Sin embargo, el ejercicio de traición de Mola, Sanjurjo, Franco y demás golpistas sí se tradujo en un inevitable enfrentamiento armado en el que lo que se ventilaba era la vigencia del orden constitucional, popularmente sancionado, frente al hecho autoritario y vacío de ideas de quienes, santificando la violencia, acabaron por hacerse con el poder. Pero aún hubo más. La actitud represora una vez alcanzado el año de la victoria se tradujo en muertes, perseguidos, exiliados y silenciados. Las conciencias se aterrorizaron y el miedo se instaló en muchos hogares. ¿No es todo esto algo susceptible de ser calificado como un auténtico crimen contra la Humanidad? Gracias a todo ello la sociedad española adquirió múltiples traumas, muchos de los cuales aún estamos sufriendo, al mismo tiempo que padeció un retroceso en su acomodación mental a los tiempos marcados por la contemporaneidad, en los que le tocó vivir pero que le fueron negados. Todo fue hacia atrás. ¿No es acaso todo esto condenable?

Incluso durante el proceso de recuperación de la democracia la larga sombra de los vencedores estuvo presente. En pro de una malentendida convivencia se practicó un extraño olvido que hizo que muchos responsables de los años oscuros -muerto el dictador en la cama- se mantuvieran en un espacio entre el bien y el mal. Como si nada hubiera pasado. Por eso fueron muy pocos los que reivindicaron la República como el único régimen al que habría de ser devuelta la legitimidad que le fue arrebatada. Sin embargo, setenta años después sí se debe afirmar que la II República es el verdadero precedente transmisor de legitimidad democrática al régimen actual. Al mismo tiempo, es ya la hora de ejercitar la vergüenza y sentirla profundamente al referirnos a los cuarenta años de franquismo. Como lo han aprendido a hacer los alemanes con el nazismo o los chilenos con Pinochet, a quienes, por cierto, nos hemos permitido el lujo de dar lecciones antes de corregir nuestros defectos.

La recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de todos los que, de un modo u otro, fueron aplastados por el fascismo exige que practiquemos la vergüenza ante los cuarenta años que siguieron a la infamia del 18 de julio. Y es que nosotros también tuvimos nuestros particulares cuartos de la muerte que esperan a ser reconocidos y condenados ante la Historia.