El Gobierno vasco quiere que las personas que se beneficien de los sorteos de viviendas de protección oficial (VPO) y pisos tasados tengan que desprenderse de ellos si posteriormente adquieren otros inmuebles que puedan utilizar como «residencia habitual». Así se recoge en el borrador del Plan Director de Vivienda 2006-2009, un documento que la consejería de Javier Madrazo envió en mayo pasado a los sindicatos, a los colectivos sociales y a las organizaciones empresariales para que expresaran sus opiniones.

Fuentes del Departamento de Vivienda aclararon ayer que la idea de limitar la adquisición de futuras viviendas para poder conservar un piso protegido todavía no se ha aprobado. «Será el resultado de un amplio consenso», agregaron las citadas fuentes. «De momento, sólo queremos saber si hay fórmulas para que el Gobierno vasco recompre la vivienda de protección en los casos en que el titular haya adquirido después otro u otros inmuebles a los que se les pueda dar razonablemente el mismo uso».

Ahora mismo, la legislación prohíbe comprar un piso público a quien ya sea propietario de una vivienda. El propósito de Javier Madrazo es «cerrar el círculo» para que el inquilino de una VPO o de un piso tasado tampoco pueda acumular más residencias 'a posteriori', un supuesto que suele darse cuando la situación personal mejora por motivos profesionales, por una herencia, por un golpe de suerte «Existe una demanda social para abordar esas situaciones», afirman en el Departamento de Vivienda. Una posibilidad de encararlas es que la Administración autonómica identifique al propietario de varias vivienda, incluida una de carácter público, y ejerza el derecho de tanteo y retracto sobre esa última; es decir, que le pague por ella el precio original más la inflación. Luego se la traspasaría a un ciudadano que esté apuntado en las listas de Etxebide, bien en régimen de propiedad o en alquiler.

Mudarse sin problemas

Medios próximos al consejero quisieron dejar claro que el Gobierno vasco no se propone 'retirar' el piso de protección a una pareja que se compre un apartamento de veraneo en Noja o Torrevieja, pongamos por caso; ni a quienes hereden una casa lejos de su domicilio o fuera de Euskadi. Sólo piensa en los ciudadanos que consiguen una VPO al azar y que, cuando prosperan económicamente, adquieren otra vivienda libre que también les puede servir como residencia habitual; una vivienda a la que podrían mudarse sin mayores problemas.

El Departamento de Madrazo cree que los nuevos requisitos para «mantener el uso de los pisos protegidos» podrían plasmarse en un reglamento o incluso en el propio Plan Director de Vivienda. En tal caso, entrarían en vigor este mismo año, aunque siempre dando por sentado que la idea prospere. «Todavía no está aprobada», insistieron las fuentes del consejero.

El plan director, que define las líneas estratégicas de la consejería de Madrazo, reclama para el Gobierno vasco «el liderazgo en el sistema de vivienda de protegida» para preservar su función social. El documento dedica un capítulo a la lucha contra el fraude, que afecta al 10% de los inmuebles públicos de Euskadi, si bien muchos casos han prescrito porque no se vigilaron durante años y porque tampoco existen medios suficientes para intensificar los controles. Javier Madrazo quiere cambiar esa situación y ampliar el servicio de inspección y de sanciones con más personal.

Sus asesores están analizando actualmente las sugerencias que ha recibido el plan director. A continuación lo someterán a la aprobación del Gobierno tripartito, un trámite que posiblemente se cumplirá en septiembre próximo. No todas las propuestas de Vivienda van a salir necesariamente adelante, pero ahora mismo reflejan la postura del consejero de Ezker Batua, que acaba de sacar adelante la Ley del Suelo en el Parlamento vasco el pasado 30 de junio.