El Ayuntamiento de Getxo está a punto de agotar las vías judiciales para defender la tesis de que los trabajadores con incapacidad laboral no cobren el sueldo íntegro a partir del sexto mes de baja. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la anulación del decreto de Alcaldía y rechazado un recurso presentado por las autoridades locales para rebajar al 80% el salario de los trabajadores en estos casos. Anteriormente, ya había dado la razón al sindicato UGT, que llevó el caso a los tribunales. Tal y como explicó ayer el secretario general de la sección sindical en el Consistorio, Andoni Casado, «el alcalde nos comunicó en una reunión en 2005 esta medida y todos los sindicatos nos opusimos a unísono».

Ante el rechazo de los sindicatos, el equipo de gobierno optó por la vía directa, al aprobar un decreto donde se fijaba el recorte del sueldo. UGT interpuso entonces una demanda por dos vías: la laboral y la contencioso-administrativa, ya que la reducción afectaría tanto a funcionarios como a laborales. Ambos tribunales dieron la razón al sindicato y anularon el decreto, pero el Ayuntamiento interpuso un recurso amparándose en un convenio municipal de 2003, según el cual quedaba derogado el mantenimiento del 100% del salario durante todo el periodo de baja laboral.

«Derecho adquirido»

«Sin embargo, desde 1993 hasta 2005, los trabajadores siguieron cobrando todo su salario y, por ello, la sentencia reconoce que el mantenimiento del sueldo íntegro es un derecho adquirido y consolidado del personal», explica Casado. Ahora, la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso del Ayuntamiento: «eso significa que los trabajadores que durante todo este tiempo han dejado de cobrar ese 20% están en su derecho de reclamar ese dinero», advierte el representante sindical. El equipo de gobierno no ha querido valorar estas afirmaciones y se han limitado a afirmar «con rotundidad, que el contenido de la sentencia que ha hecho publicó UGT es falso», según fuentes municipales.

Aproximadamente un 25% de los empleados municipales se han visto afectados por este conflicto y podrían reclamar, aunque al Consistorio le queda la posibilidad de un último recurso de casación. Desde el sindicato están convencidos de que el Ayuntamiento agotará esa vía, y se preguntan «cuántas sentencias más hacen falta, y cuánto dinero público hay que gastar para mantener la prepotencia del equipo de Gobierno», según Casado.

Además, han reiterado sus críticas hacia la política de contratación municipal «en la que se favorece a determinadas personas», así como hacia del uso del euskera. «Utilizan el idioma para sus intereses partidistas y, así, tenemos que en las fechas de preceptividad de las relaciones de puestos de trabajo, se cambian, los perfiles lingüísticos exigidos para cada puesto, para que quien molesta, no puedan promocionar», denunció.