La Policía Nacional detuvo ayer en las localidades guipuzcoanas de San Sebastián y Zestoa por orden del juez Baltasar Garzón a otros dos sospechosos de actuar como intermediarios en la red de cobro del 'impuesto revolucionario' que la Audiencia Nacional desmantela desde el pasado 20 de junio. Garzón mantiene imputados como miembros de la red de extorsión de ETA en España y en el sur de Francia a otras 14 personas y a dos empresarios navarros del sector de la construcción, que presuntamente aceptaron el chantaje de la organización criminal después del alto el fuego permanente en vigor desde el pasado 24 de marzo.