La Policía y la Audiencia Nacional investigan el posible blanqueo por ETA de parte de los beneficios obtenidos con el 'impuesto revolucionario' a través de una sociedad de inversión radicada en el pequeño país europeo de Liechtenstein, incluido desde 1999 en la 'lista negra' de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los investigadores consideran que buena parte del dinero generado por la extorsión a empresarios vascos y navarros se transfirió a una sociedad inversora en Liechtenstein para que más tarde, ya reintroducido en el circuito financiero legal, pudiese ser recuperado por la banda terrorista para su actividad criminal.

El juez Fernando Grande-Marlaska, en el auto que imputa un delito de colaboración con banda armada al dirigente del PNV Gorka Aguirre, señala que Carlos Bellver Amare, un asesor fiscal que hasta ahora no ha sido detenido ni imputado, era el encargado de invertir parte del dinero procedente del chantaje en la citada firma, de la que la Audiencia Nacional tiene muy escasa información pero sobre la que ya indaga por si pudiera ser el hilo conductor a los fondos de la organización. La ubicación del dinero de ETA es el secreto mejor guardado de la banda, pues ninguna operación antiterrorista ha logrado dar con sus bienes.

La operación contra el aparato de extorsión ha permitido a la Audiencia Nacional la incautación de bienes por valor de unos 700.000 euros a los detenidos y el bloqueo en bancos españoles y franceses de más de medio centenar de cuentas, de las que se investiga el origen de sus fondos.