El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó ayer a los servicios jurídicos de la Junta a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto valenciano, pactado por populares y socialistas en la comunidad levantina. El motivo de la alegación es que en el artículo 20 del nuevo Estatut se establece el derecho de los valencianos a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias.

La decisión adoptada por el Gobierno regional, en manos socialistas, se produce después de que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran por acuerdo de PSOE y PP instar a la Junta a interponer un recurso ante el Constitucional, por considerar que dicho artículo 20 atribuye competencias del Estado a una comunidad y establece un privilegio para los valencianos.

El PP valenciano

El portavoz del PP en el Parlamento valenciano, Serafín Castellano, afirmó que la decisión de Castilla-La Mancha supone decir a los valencianos que no tienen «derecho» al agua. Castellano manifestó su tranquilidad ante este anuncio, ya que está convencido de la «constitucionalidad» del Estatuto.