España desembolsará entre 2.228 y 3.067 millones de euros para poder emitir los casi 290 millones de toneladas de gases contaminantes en que superará el Protocolo de Kioto durante el periodo 2008-2012. Más de la mitad del gasto previsto en el mercado internacional de derechos de carbono (entre 1.432 y 1.953 millones) cubrirá el exceso de los sectores energético e industrial, mientras que el resto (de 796 a 1.114 millones de euros) irá destinado a las emisiones de los sectores 'difusos', que corresponden sobre todo a transporte y vivienda.

El borrador del nuevo Plan Nacional de Asignación (PNA), que presentó ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, fija el aumento de gases de efecto invernadero en un 37% respecto a 1990 (año base), tres puntos menos de lo que establecía el anterior plan 2005-2007. El compromiso adquirido en Kioto fue no superar el 15% entre 2008 y 2012, pero en 2005 las emisiones habían crecido ya un 52%.

Una novedad respecto al anterior reparto es la inclusión de los citados sectores 'difusos', a los que se responsabiliza del 55% del dióxido de carbono que se expulsa a la atmósfera. El 45% restante corresponde a aquellas actividades incluidas en la directiva europea sobre comercio de derechos de emisión, y su promedio anual se ha visto reducido en un 16% (de 182 a 152,65 millones de toneladas de CO2) para todo el quinquenio. Con este recorte se alcanzaría el 15,9%, sólo un 0,9% por encima de lo que se fijó en Kioto.

En la elaboración de la nueva propuesta, el Ejecutivo ha utilizado criterios distintos a los estudiados para el PNA 2005-2007 con el objetivo de que afecte en la menor medida posible a la competitividad y el empleo. Según afirmó el secretario general de Industria, Joan Trullén, se ha analizado de forma sectorial la previsión de crecimiento económico, el nivel de emisiones de 2005, el esfuerzo ya realizado para reducir los gases contaminantes y los márgenes de eficiencia energética.

Eléctricas

Las más penalizadas por el nuevo planteamiento son, en apariencia, las compañías eléctricas, que han sufrido un recorte del 16% (de 85,4 a 54,69 millones de toneladas de CO2). Trullén lo justificó en que son las que tienen mayores posibilidades para reducir las emisiones con estrategias de ahorro y eficiencia, así como mediante el uso de energías limpias, especialmente el gas natural y energías renovables.

También verán reducidos sus derechos respecto al plan anterior los sectores de tejas y ladrillos, con un 11,6% (de 4,7 a 4,2 millones de toneladas de CO2), o la industria de la cal, que sufre una merma del 7,3% (de 2,4 a 2,2 millones). El resto de actividades, por el contrario, logra aumentar su asignación.