El Foro Ermua presentó ayer en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) una querella contra los cinco dirigentes del PSE-EE y Batasuna que mantuvieron la pasada semana una reunión en un hotel de San Sebastián. La plataforma considera que los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y los miembros de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia incurrieron en un presunto delito de desobediencia a la sentencia de ilegalización de Batasuna dictada por el Tribunal Supremo en 2003.

Así lo explicaron ayer dos de los integrantes de este colectivo cívico, Iñaki Ezkerra y el militante socialista Antonio Aguirre, que presentaron ante el TSJPV la querella, muy similar a la impulsada contra el lehendakari Juan José Ibarretxe por idénticos motivos y que ha sido admitida a trámite por el tribunal. El grupo sopesa, en esta misma línea, iniciar acciones legales contra Eusko Alkartasuna y toda aquella formación que se entreviste con Otegi y Batasuna.

«Alarma social»

El texto de la denuncia considera a López y Ares como «cooperadores necesarios» para que los tres representantes de Batasuna incurrieran en un delito de desobediencia, al burlar la prohibición que pesa sobre este partido de llevar a cabo cualquier tipo de actividad. El Foro Ermua subraya, además, la «gravedad» del acto por haberse efectuado «con publicidad», después del anuncio de Patxi López y la posterior ratificación del encuentro por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, y la «alarma social» que, a su juicio, despierta el que una organización ilegalizada actúe «con total impunidad». En este sentido, recuerda que tanto Batasuna como ETA figuran en los registros de entidades terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea.

La querella recalca la trascendencia de la reunión al estar protagonizada por el «partido del Gobierno» y haber sido «autorizada por el presidente» del Ejecutivo. «Entendemos que tiene más importancia y relevancia porque es una reunión autorizada por el presidente del Gobierno y el calado político de la misma y el delito que se comete tiene una relevancia política mayor», explicó Aguirre.

La plataforma sostiene que la autorización del juez Garzón al encuentro no afecta al motivo de la denuncia y cree necesario que los cinco implicados en la cita sean llamados a declarar como imputados. Además, pide al tribunal que recopile los vídeos e imágenes del encuentro, así como las declaraciones efectuadas por unos y otros los días anteriores y posteriores.