Medio millar de funcionarios y agentes de Policía se manifestaron ayer en Castro Urdiales en contra del equipo de gobierno municipal -PP, Partido Regionalista de Cantabria e IU- y para exigir la retirada de los expedientes abiertos a ocho guardias urbanos de la localidad. La marcha, convocada por UGT, discurrió entre la Plaza de los Leones y el Ayuntamiento y congregó a trabajadores de casi todos los municipios cántabros, así como de varios puntos de Asturias, Castilla y León y el País Vasco, según confirmaron los convocantes.

La marcha comenzó a las 18.00 horas. Aunque los participantes alcanzaron el entorno del edificio consistorial poco después de las 18.30 horas, la mayoría de los funcionarios permaneció en la zona hasta las ocho de la tarde. Entre ellos, muchas caras conocidas de la política castreña: los componentes del grupo socialista y los nueve no adscritos, incluido el ex alcalde Rufino Díaz Helguera.

Concebida inicialmente para exigir a los responsables municipales que retiren los expedientes abiertos en abril a ocho policías locales, la concentración terminó convirtiéndose en un escaparate para criticar la labor del gabinete que preside Fernando Muguruza. El lema de ayer era muy claro: 'Contra las actitudes dictatoriales de los políticos del tripartito. Libertad, respeto y negociación'. Los líderes de UGT en el Consistorio reiteraron su disconformidad con «la forma de actuar déspota y discriminatoria de estos gobernantes».

El sindicato ha denunciado en diversas ocasiones la falta de negociación en temas relativos al convenio colectivo o la valoración y relación de puestos de trabajo. Por contra, los responsables locales han acusado a la central de «atacar al tripartito con fines políticos». Las relaciones entre ambas partes han sido tensas desde el inicio de la legislatura, pero este año el enfrentamiento se ha hecho patente.

De paisano

El pasado mes de abril, el alcalde decretó incoar expedientes disciplinarios a ocho policías locales. Los funcionarios están acusados de una falta muy grave por negarse a cumplir una orden directa del primer edil. Los hechos se produjeron cuando un grupo de trabajadores municipales, que se manifestaban para pedir un nuevo convenio, entraron en el Consistorio. Entonces, Muguruza ordenó a varios agentes, que participaban en la movilización de paisano, que disolvieran a los presentes. La petición no fue atendida. De seguir adelante el expediente, los policías podrían ser suspendidos entre tres y seis años.

Según las normativas esgrimidas por el alcalde, él es la autoridad máxima de la Policía, por lo que sus órdenes deben cumplirse «estén de paisano o de uniforme», ha puntualizado en diversas ocasiones. UGT, no obstante, mantiene que la actuación del regidor es «desproporcionada y despótica».