El cierre de la pesquería de la anchoa en el Cantábrico se producirá el 21 o el 22 del mes en curso, pocas horas después, en cualquier caso, de que concluya el procedimiento escrito instruido por la Comisión para zanjar el asunto, que vence el próximo día 20.

A partir de ese momento, y salvo contraindicaciones de última hora que no parecen previsibles, la captura de anchoa estará vedada al menos hasta finales de año, cuando los ministros de Pesca deberán decidir el TAC (Total Admisible de Capturas) para 2007.

Los técnicos consideran necesario mantener esa prohibición de capturas al menos hasta mediados de 2007.

Francia ha propuesto para el próximo Consejo de Agricultura y Pesca una nota en la que reclama que, en el futuro, y antes de decretar una veda de estas características, se tomen en cuenta «las consideraciones socioeconómicas para la gestión del 'stok', al que las organizaciones profesionales concernidas deberían verse asociadas».

Francia lamenta que no se haya aceptado una «actividad reducida» en la pesquería.

Infracciones

Por otro lado, con 3.813 infracciones calificadas como «graves», España fue en 2004 el país de la UE que observó el peor comportamiento en la observancia de las normativas que atañen al sector, según proclamó ayer el Quinto informe anual sobre infracciones graves a las normas de la política de la pesca común, hecho público por el Ejecutivo comunitario.

Tras España se alinearon Italia (3.398 infracciones) y Portugal (1.729). Entre lo tres acumulan el 80% del total.

El Ejecutivo comunitario hace notar, además, que las cifras totales no parecen ser determinantes, en la medida en que el porcentaje de infracciones detectado en relación con el número de controles realizados oscila considerablemente de unos Estados miembros a otros. Es del 6% en España, frente al 65% de Grecia.

En 1996, hace ya 10 años, la Comisión criticó el rigor de los controles pesqueros efectuados por las autoridades españolas.

La Comisión entiende que un sistema de supervisión permisivo, sumado a la tibieza de las sanciones impuestas en caso de infracción, no permite vaticinar un cambio en los comportamientos delictivos del sector. La media de las multas cayó en 2004 un 50% con respecto a 2003, para situarse en 2.272 euros.

El castigo infligido a los trasgresores de la ley es demasiado clemente para desaconsejar la comisión del delito. Bruselas, en consecuencia, pide un endurecimiento de sanciones, para hacerlas verdaderamente eficaces.