El hotel Miramar de Castro Urdiales está condenado al derribo. La Dirección de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha confirmado su intención de no renovar ninguna de las concesiones otorgadas a edificios levantados en dominio público marítimo-terrestre. Como quiera que el establecimiento hunde sus cimientos en la playa de Brazomar, la institución ha decidido no sólo no prorrogar la concesión que posibilita su permanencia, sino iniciar un expediente para suspenderla.

El hotel fue concebido como balneario y construido en plena posguerra española por el Ayuntamiento de la localidad costera. «Entonces tenía un objetivo social, ya que era utilizado como lugar de descanso para los enfermos del municipio», recuerda el alcalde, Fernando Muguruza. Con el paso de los años, el edificio pasó a manos privadas y fue reconvertido en hospedaje. Ahora, Medio Ambiente apela a esa transformación para cancelar la concesión.

«El permiso se dio para un balneario, no para un hotel», informaron desde la Delegación de Gobierno en Cantabria. Por ello, «se ha solicitado a Costas la incoación del expediente de caducidad por incumplimiento de las cláusulas concesionales», anunciaron las mismas fuentes. Los responsables del establecimiento ya están concienciados de que «las autoridades están decididas y lo van a derribar». No obstante, los gestores plantarán batalla.

«El problema es que no reconocen la propiedad y nos tratan como si lo tuviésemos en precario», señalaron. Así, en caso de ser demolido, los propietarios tendrían problemas para cobrar una indemnización. Ante esta situación, han interpuesto «dos recursos y, aunque el primero lo han denegado, el tema sigue en manos de nuestros abogados. Tenemos todos los documentos que demuestran que es nuestro», advirtieron.

El derribo del Miramar aún no tiene fecha. Sus dueños aseguran que no se hará efectivo «hasta 2017». Aunque el permiso caduca antes, los hosteleros mantienen que «el plazo sólo cuenta a partir de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988». El anuncio de derribo del polideportivo Peru Zaballa, edificado también sobre dominio público marítimo-terrestre gracias a una concesión de 1976, no se ajustaría, sin embargo, a este razonamiento.

Uso público

Sea como fuere, la emblemática construcción parece condenada a la piqueta. El propio alcalde ha reconocido que los responsables de la Dirección de Costas en Madrid le han confirmado que el hospedaje está en su punto de mira. «Creo que la demolición no es beneficiosa para nadie y no me gustaría que se hiciese efectiva», confesó Fernando Muguruza, quien se mostró dispuesto «a mediar para llegar a algún acuerdo». «Quizá se podría aprovechar el inmueble para uso público, aunque no sé si eso es posible», admitió.

No obstante, el regidor recordó que «los dueños cerraron un paseo público -en la zona que ocupa actualmente una terraza acristalada con vistas a la playa- para un aprovechamiento privado y no sé por qué». En este sentido, fuentes del hotel precisaron que «para llevar a cabo la obra pedimos permiso al Ayuntamiento. Como no respondieron, se consideró silencio administrativo y seguimos adelante».

Actualmente existen en Castro otras construcciones edificadas en zona de dominio marítimo-terrestre, entre ellas el Club Náutico y el dique solarium. Según ha desvelado la Delegación del Gobierno en Cantabria, «ambas infraestructuras son competencia de Ejecutivo regional».