Buena parte de la discusión política de los últimos días ha estado centrada en la credibilidad que hay que darle a las afirmaciones de ETA acerca de la existencia de un supuesto pacto con el Gobierno. La banda terrorista asegura que existen esos acuerdos y el Ejecutivo lo niega. A partir de ahí, la división se plantea entre quienes creen a uno y quienes creen al otro.

Este tipo de debates acerca de la credibilidad de ETA no son nuevos. Los venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Hay quienes dicen que la banda mata, pero no miente y quienes sostienen que no dice nunca la verdad. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, ha sido el último en apuntarse a esta tesis: «ETA siempre miente y no se le puede dar absolutamente ninguna credibilidad a lo que proceda del grupo terrorista o de sus voceros».

Tomados los dos argumentos al pie de la letra nos llevan a situaciones imposibles. Si ETA miente siempre, no hay que dar credibilidad a su anuncio de tregua porque no sería verdad. Desde esa premisa, no hay ninguna razón para que el Gobierno abra una política de diálogo con la banda justificada, precisamente, por la interrupción de la actividad terrorista. Seguro que el fiscal general no suscribe el desarrollo lógico de sus propias afirmaciones. Por contra, la tesis de que ETA siempre dice la verdad nos obligaría a aceptar todas las justificaciones de la banda para explicar la existencia del terrorismo.

La historia nos muestra, en cambio, que ETA unas veces miente y otras dice la verdad, según su conveniencia, sus intereses o el sesgo con que interpreta la realidad. Pero, si nos atenemos a las experiencias pasadas, vemos que, en lo tocante a conversaciones con la banda, los gobiernos españoles también han mentido a menudo, a veces más que la propia ETA. Ha sido una costumbre del poder negar los contactos con los terroristas y su entorno, y de esa costumbre no se ha librado el actual Ejecutivo. Por eso la credibilidad de los gobiernos en esta cuestión ha estado siempre algo menguada.

En este caso, y con independencia de que se crea a uno o a otro, cabe pensar que podría haber ocurrido algo de lo que también existen precedentes: que en las conversaciones subterráneas habidas no quedó clara la diferencia entre lo hablado y lo pactado. Y ETA pensó que había un acuerdo en algo que sólo se había hablado, quizás sin suficiente claridad. De ahí vienen ahora todos los líos. Eso mismo es lo que ocurrió en la reunión entre ETA y el Gobierno celebrada en Argel el 22 de marzo de 1989. ETA consideró que se había pactado crear una mesa entre HB y el PSOE y el Gobierno dijo que se habló del asunto pero sus representantes rechazaron la idea. Aquel malentendido sirvió a ETA de excusa para romper las conversaciones y la tregua.

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