El Gobierno vasco ha aprobado hoy un decreto que regula las ayudas al desplazamiento de familias para visitar a personas en prisión y que sustituye con algunas modificaciones al anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, explicó los cambios que contiene el decreto con respecto a los anulados el pasado año por el TSJPV y dijo que el montante total de las ayudas será de 204.000 euros. Azkarraga recordó que el Tribunal suspendió los anteriores decretos al considerar que el título competencial en el que estaban enmarcados, el de prisiones, no era el adecuado, ya que la política penitenciaria es competencia del Gobierno.

Por ello, las ayudas aprobadas hoy se engloban dentro de las políticas de asistencia social y serán gestionadas por la Dirección de Familia del Departamento que dirige Azkarraga, quien destacó que estas subvenciones se sustentan en el principio de igualdad de oportunidades para "todo tipo de desplazamientos y delitos".

Así, como novedad, cubren todo tipo de viajes, no sólo los que se realicen a prisiones situadas en otras comunidades españolas, sino también entre los tres territorios vascos y a otros países. Además, las ayudas serán proporcionales al coste del desplazamiento y a la renta de los que los soliciten, de modo que no podrán acceder a ellas las personas que tengan ingresos superiores al triple del salario mínimo interprofesional.

Favorecer el principio de reinserción

El consejero aseguró que este decreto cuenta con el aval del Consejo Vasco de Bienestar Social, en el que están presentes el Gobierno vasco, las tres diputaciones y distintos organismos sociales. Asimismo, dijo que busca favorecer el principio de reinserción de todos los presos y que, por tanto, responde al "principio de humanidad al que está obligado cualquier Gobierno".

Deseó que el decreto tenga una "vida efímera" porque eso supondría que "el Gobierno socialista ha modificado su política penitenciaria, que no se enmarca en lo que deben ser los márgenes del Estado de Derecho".

Consideró que, "si se cumpliese la legalidad, este decreto no tendría razón de ser", por lo que emplazó al Ejecutivo del PSOE a "poner fin al castigo injusto para los familiares que es la dispersión" y denunció las carencias de los centros penitenciarios vascos.