Josu Jon Imaz se ha sacudido la amenaza judicial que pendía sobre él después de que la plataforma España y Libertad le denunciara hace un mes por reunirse con la ilegalizada Batasuna. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido archivar la demanda al no apreciar delito en la actitud del presidente del PNV, quien recibió en Sabin Etxea a Arnaldo Otegi el pasado 21 de junio sin ocultar que, para entonces, había despachado ya con la formación abertzale al menos «diez veces» más. El criterio del Ministerio Público, expresado en una escueta notificación de 13 líneas recibida ayer mismo por Imaz, contrasta con el de la Sala de lo Civil y Penal del mismo Tribunal, que en las fechas en que el líder peneuvista fue denunciado acababa de admitir a trámite la querella presentada por otro colectivo -en este caso, el Foro Ermua- contra el lehendakari Ibarretxe por mantener un encuentro público en abril con tres dirigentes de Batasuna.

La decisión sobre Imaz fue adoptada el pasado día 10 y está firmada por la fiscal-jefe del TSJPV, María Ángeles Montes. En su escrito, el Ministerio Público recuerda que incoó diligencias informativas penales a raíz de que España y Libertad presentara su denuncia contra el presidente del EBB por la comisión de sendos delitos de desobediencia, quebrantamiento de medida cautelar -la suspensión de actividades de Batasuna- y colaboración con banda armada por la reunión concreta celebrada en Sabin Etxea el 21 de junio. Tras «valorar los hechos denunciados», la Fiscalía concluye que Imaz no cometió «ninguna de las infracciones» apuntadas por España y Libertad «ni ninguna otra» y opta, en consecuencia, por zanjar las diligencias. El PNV se limitó a dar cuenta de la decisión, sin entrar, de momento, en más valoraciones.

Reacción

Quienes sí se pronunciaron fueron los denunciantes, que interpretaron que el archivo de su iniciativa «legaliza en la práctica la aparición de Batasuna-ETA en la vida política vasca». El colectivo, que se reserva el derecho de «emprender las acciones jurídicas oportunas» contra la medida de la Fiscalía, alerta de la «gravedad» de la misma y pronostica que constituye «el principio del archivo de todas las causas contra aquellos que se reunieron con el entramado terrorista». Ellos mismos tienen tramitada otra denuncia similar a la de Imaz contra los dirigentes de Eusko Alkartasuna que recibieron a la formación abertzale el 7 de julio.

La postura adoptada en este caso es coherente con la que viene manteniendo el Ministerio Público hacia los encuentros de los distintos partidos con Batasuna; un criterio -el de no perseguirlos- que vino a compartir el juez Baltasar Garzón al no impedir la cita que mantuvieron el 6 de julio en San Sebastián el PSE de Patxi López y una delegación de los independentistas. Tanto la actitud de los fiscales como el auto de Garzón comprometen la posición de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior, que encara no sólo la querella contra Ibarretxe, sino las denuncias que acaban de interponer el propio Foro Ermua y el PP contra López. Sobre el líder socialista pesa, asimismo, una querella de Manos Limpias ante el Supremo.