Ayer se cumplieron setenta años de la sublevación que dio lugar a la Guerra Civil, a la tragedia fratricida que, seguida de una interminable dictadura, ha señalado a varias generaciones con su huella indeleble. Es extraño, y revelador al mismo tiempo, que una efeméride ya tan remota se mantenga tan viva en nuestra cotidianidad, imbricada en otros debates sobre la 'memoria histórica', analizada en abundantes comentarios editoriales y presente, en fin, en el debate político de actualidad. Sin duda, la relevancia del aniversario tiene que ver, sobre todo, con la inminente aprobación por el Gobierno de un proyecto de ley sobre lo que ha dado en llamarse recuperación de la memoria histórica, una iniciativa que el Partido Socialista llevaba en su programa electoral y que ha sido impulsada en el Parlamento por las fuerzas de izquierda, especialmente Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

La democracia española, surgida de las cenizas del franquismo tras la desaparición del dictador en 1975, se fundó sobre la convicción de que el nuevo régimen había de partir de un general borrón y cuenta nueva que permitiera la reconciliación de ambos bandos y la construcción de una convivencia fecunda, capaz de ganar el tiempo perdido y de situar a este país en el corazón de Europa cuanto antes. Es cierto que -como ahora se ha destacado- aquella amnistía moral fue muy asimétrica, pero también lo es que muchas de las injusticias fueron reparándose y que resulta bien significativo que sólo ahora, y no en los veinticinco años anteriores, haya surgido tan exacerbado este afán de mirar atrás. Lo que ocurrió hace setenta años es ya patrimonio de los historiadores y no de los políticos. Si queda algún entuerto por remediar, alguna antigua injusticia por reparar o alguna honra por devolver, ésta debe subsanarse cuanto antes, pero nunca para colar solapadamente los viejos odios que teníamos enterrados de muy antiguo ni para introducir cuñas nuevas entre españoles con el pretexto de agravios que ya ni siquiera tiene sentido juzgar con los ojos del presente. Al fin y al cabo, no fue el franquismo el que instó la superación del pasado, sino el Partido Comunista, que, muy prematuramente, nada menos que en 1956, lanzó admirablemente su política de reconciliación nacional, adoptada poco a poco por las restantes fuerzas de oposición a la dictadura. Evidentemente, aquella prematura contrición era fruto del reconocimiento de que la guerra inicua de 1936 antes que un conflicto entre buenos y malos fue un brutal e inaceptable enfrentamiento entre españoles. Por todo ello, la memoria debería encontrar mejor acomodo en la Academia que en el Parlamento y, si ha de ir a la sede de la soberanía, debe hacerlo con suma prudencia y renunciando a la tentación de utilizar aquellos argumentos genocidas como arma arrojadiza.