Los Gobiernos central y vasco tienen intención de mantener los servicios de protección personal a los jueces y fiscales vascos a la espera de que se consolide el alto el fuego de ETA y se afiance el proceso de paz. Ése es el mensaje que han trasladado responsables de ambas administraciones a la cúpula del Tribunal Superior de Justicia en varios contactos mantenidos recientemente, una vez que la organización terrorista decretara la tregua el 22 de marzo. Según diversas fuentes judiciales, los representantes gubernamentales continúan considerando a la Magistratura un colectivo muy sensible y «no dan por sentado» que a fecha de hoy el silencio de las armas sea irreversible. Una posición que supone retener las escoltas «indefinidamente», lo que los medios consultados interpretan más en clave de prevención que de temor por la evolución del proceso.

La comisión permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior que encabeza Fernando Ruiz Piñeiro ha intercambiado impresiones en las últimas semanas sobre el futuro de la seguridad de jueces y fiscales con el delegado del Gobierno en Euskadi, Paulino Luesma, y con responsables de la consejería de Interior; unos y otros mantienen una relación fluida, de la que ha sido partícipe también el 'número dos' del Ministerio, Antonio Camacho. La conclusión de esas conversaciones es que ninguno de los dos gobiernos suprimirá los guardaespaldas al menos en lo que resta de año, dado que, además de la precaución ante lo que pueda ocurrir en el camino hacia el final de la violencia, las cantidades destinadas a esa protección ya están consignadas presupuestariamente. No obstante, las fuentes citadas aseguran que los responsables policiales prefieren tomárselo «con calma» y continuar con las escoltas 'sine die'. Hasta el punto de que uno de los jueces consultados cree que podrían extenderse, para quien quiera conservarla, durante un par de años más ante la convicción, expresada por el propio presidente del Gobierno, de que el proceso será largo y con dificultades. En esa tesitura, explica uno de los afectados, las administraciones central y vasca consideran «que es más fácil mantener el sistema que tener que rehacerlo» si los acontecimientos se tuercen.

Recomendación

Los responsables de la Magistratura siempre se han mostrado partidarios de actuar en función de las consignas que fueran recibiendo de los expertos policiales, por encima de la evidente incomodidad que suponía para el colectivo tener que ejercer bajo la sombra protectora de un guardespaldas. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior analizó las posibles consecuencias del alto el fuego de ETA apenas 48 horas después de su anuncio y acordó recomendar a todos los miembros de la Judicatura que fueran pacientes y no alteraran el dispositivo de seguridad hasta que no se les aconsejara lo contrario.

Los alrededor de 270 jueces y fiscales de Euskadi y Navarra soportaron el inédito trance personal de tener que empezar a vivir custodiados después de que un comando terrorista segara la vida de José María Lidón en noviembre de 2001. Era el primer asesinato de un magistrado vasco, que no por temido dejó de provocar una profunda conmoción. «Hubo que contener el miedo, que no saliera del Palacio de Justicia», confiesa un colega de Lidón. No resultó sencillo adaptarse a la nueva situación: parte del colectivo aceptó la protección a regañadientes, lo que se ha traducido en un goteo de renuncias a la seguridad en los últimos años. Los medios consultados constatan, sin embargo, que no se han registrado tantas después de la tregua como cabría suponer, aunque es cierto que los hábitos se han relajado. Y también, como apunta un integrante del Tribunal Superior, que el «momento de contraste» será septiembre, tras las vacaciones y con un alto el fuego que podría durar ya seis meses.

Es entonces también cuando el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el consejero Javier Balza tienen previsto revisar todo el mecanismo de escoltas, que protege a un millar de amenazados, ocupa a unos 2.000 efectivos entre policías y seguridad privada y supone un desembolso anual a cada administración de 71 millones de euros. Los jueces aventuran que la adaptación a la tregua implicará «rebajar la protección»; ellos mismos han planteado a sus interlocutores la posibilidad de reconsiderar el dispositivo actual y apuntalarlo con doble escolta en los casos en los que sea necesario, una solicitud desechada en aras a mantener la protección tal y como está.

La delicada gestión del proceso de paz ha conferido un especial protagonismo a los jueces y sus resoluciones, durante años en el punto de mira de ETA y de su entorno. De ahí la precaución con que los responsables políticos parecen encarar su seguridad.