El Gobierno vasco extenderá las subvenciones a las familias de presos para que puedan visitar a los reclusos en cárceles fuera de España. El Ejecutivo autónomo aprobó ayer un decreto por el que se regulan estas ayudas, vinculadas sobre todo al colectivo etarra, para ajustarlas a la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó en abril del año pasado y que anuló el sistema aplicado desde 2003. El tribunal consideró que el Gabinete Ibarretxe invadía las competencias de la Administración central, sobre quien recae la gestión de las prisiones y de las políticas penitenciarias, dando la razón a la Abogacía del Estado, órgano que presentó el recurso durante el mandato de José María Aznar.

La necesidad de no volver a tropezar con los tribunales ha llevado a la consejería de Justicia, dirigida por Joseba Azkarraga, a «incorporar las modificaciones» apuntadas por el TSJPV y hacer extensibles las subvenciones a todas las familias con presos, no sólo los relacionados con ETA.

Los cambios afectan también al tipo de desplazamiento que hasta el momento se adecuaba a estas ayudas. Si en anteriores convocatorias sólo podían acogerse los allegados de quienes permanecían en cárceles españolas fuera del País Vasco, a partir de este año se incluirá también a aquellos que deban viajar al extranjero y quienes, dentro de Euskadi, tengan que desplazarse de un territorio a otro para realizar las visitas. «Hemos aplicado el principio de igualdad para todo tipo de delitos y para todo tipo de desplazamientos», explicó ayer Azkarraga, quien precisó que el actual sistema cuenta con el aval del Consejo Vasco de Bienestar Social. Las ayudas serán gestionadas a través de la Dirección de Familia del Gobierno de Vitoria.

«Castigo injusto»

El Ejecutivo autónomo ha reservado una partida de 204.000 euros para cubrir las solicitudes por viajes realizados el pasado año. Esta cantidad supone un incremento del 3,3% respecto a los 197.420 euros consignados en los presupuestos de 2005. El aumento de la dotación obedece, explicó Azkarraga, a la necesidad de cubrir «desplazamientos más largos». Sólo en prisiones francesas hay internos un total de 150 presos de ETA, de los 634 reclusos de la banda terrorista contabilizados por la asociación Etxerat, que agrupa a los allegados de este colectivo.

De hecho, el consejero de Justicia vinculó la persistencia de este paquete de subvenciones a la política de dispersión. «Si el Gobierno -aseguró Azkarraga- decidiera poner fin a este castigo injusto con los familiares de presos que es la política de alejamiento, este decreto no tendría razón de ser. Deseo que este decreto tenga una vida efímera porque sería consecuencia de que el Gobierno socialista rectifica con esa política injusta y fuera de los límites del Estado de Derecho». El dirigente de EA aprovechó para reiterar, además, una queja antigua al criticar que la Administración central no disponga en las cárceles de Martutene, Nanclares y Basauri de plazas suficientes para presos en primer grado, reclusos con problemas psiquiátricos o madres con hijos.

El Ejecutivo autónomo mantendrá el resto de requisitos para conceder las subvenciones, en unos términos muy parecidos a los de anteriores convocatorias. Podrán beneficiarse quienes tengan unos ingresos no superiores a tres veces el salario mínimo interprofesional (fijado en 7.572,6 euros al año) y las ayudas oscilarán en función de los kilómetros que deban recorrer las familias.