La Fiscalía pidió ayer al juez Baltasar Garzón que dé por cerrada la polémica legal generada por la entrevista entre responsables del PSE y de Batasuna, celebrada en San Sebastián el 6 de julio pasado. El Ministerio Público, después de estudiar el informe elaborado por la Policía Nacional sobre el encuentro, comunicó al magistrado que no ve delito alguno en la reunión que mantuvieron Patxi López y Rodolfo Ares con Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia.

Juan Antonio García Jabaloy, fiscal encargado del sumario de Batasuna, aclaró a Garzón en su escrito que no ve necesidad alguna de que los dirigentes de Batasuna y del PSE presentes en la entrevista acudan a declarar a la Audiencia Nacional, como reclamó la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación particular. Esta organización desea que los tres dirigentes independentistas sean citados en calidad de imputados, mientras que los socialistas acudirían en condición de testigos.

García Jabaloy se remitió al auto judicial que el propio Garzón dictó el 5 de julio pasado, en el que el juez autorizó la entrevista por considerar que había sido convocada por el PSE en ejercicio de sus derechos políticos y por entender que no está prohibido hablar con Batasuna, y menos si la reunión trata de «evitar que un hecho delictivo continúe produciéndose», en alusión a que el objetivo declarado de la cita, según los socialistas, era convencer al partido proscrito para que retorne a la legalidad.

Tras la petición de Dignidad y Justicia, y recibida ya la respuesta de la Fiscalía, Garzón resolverá en los próximos días si da por cerrado el expediente de la entrevista o si, por el contrario, cita a los protagonistas en su juzgado para que den explicaciones.

Otros tres asuntos

El informe del fiscal tomó postura también sobre los otros tres asuntos denunciados en su escrito por la acusación particular, que sostuvo que los tres dirigentes de Batasuna, antes de acudir a la reunión con el PSE, prepararon la entrevista desde las 8:15 a las 9:45 horas en una sede clausurada al partido el pasado 19 de enero, ubicada en la calle Gurutzegi número 12 de San Sebastián.

El fiscal, antes de valorar si hay delito, pide a Garzón que encargue a la Ertzaintza un informe en el que aclare si en el momento de clausurar la sede social precintó los accesos, en qué condiciones lo hizo y a quién notificó este hecho. Trata de determinar si los tres dirigentes rompieron los precintos y burlaron la orden judicial.

García Jabaloy también ha solicitado al juez que pida a la Guardia Civil un informe sobre si es cierto que se ha violado la clausura de la herriko taberna de Zamudio, con la instalación de una carpa anexa con idénticas funciones. De igual manera, pide al ayuntamiento que comunique quién solicitó la licencia para desarrollar esa actividad.

Por último, el fiscal quiere que la Policía Nacional elabore un informe para determinar si es cierto que Batasuna abrió un local en Pamplona para aprovechar los 'sanfermines' con el fin de transmitir sus ideas políticas entre los extranjeros que acudieron a la capital navarra.