Representantes de los afectados por el concurso-oposición de celadores explicaron ayer los detalles de la reunión mantenida el lunes con el consejero de Salud, José Ignacio Nieto. En ella los cinco representantes, elegidos en asamblea por el colectivo, pidieron al consejero que diese su opinión y se posicionase «acerca del problema surgido tras la adjudicación de las plazas del concurso-oposición», apuntó Mercedes Salas, quien ejerció de portavoz del colectivo y que compareció acompañada por José Ignacio Escalona, Pilar Lozano y José Félix Ortega.

Salas recordó que, actualmente, hay abiertas dos vías; una administrativa y otra penal y señaló que le hemos solicitado «la repetición del proceso de oposiciones, aunque para nosotros sea muy triste, porque hemos estado preparándonos durante seis meses o un año, abandonando a la familia y yendo a academias para formarnos».

La portavoz avanzó que «esperaremos a que pase este período estival, pero podemos abrir más vías» y remarcó que «estamos valorando presentar un recurso contencioso-administrativo si el recurso de alzada no prospera». Tampoco descartó llevar a cabo «movilizaciones y concentraciones; y estamos valorando más cuestiones porque estamos muy quemados por cómo se nos está tratando».

A la espera

Según comentó Salas, «el consejero nos contestó que no va a dar su opinión ni personal ni institucional» y reiteró que «está esperando a que el fiscal resuelva por vía penal este caso». Subrayó que están afectadas 513 personas, de los 523 presentados, «porque los otros diez son los aprobados».

La portavoz del colectivo recordó que el pasado 22 de abril tuvo lugar el concurso-oposición para la adjudicación de diez plazas de celadores. Sin embargo, y una vez publicadas las listas provisionales con la relación de aprobados, los opositores percibieron ciertas irregularidades.

Además de por la existencia de personas aprobadas muy afines a altos cargos del Ejecutivo regional y a miembros del equipo de Gobierno municipal, Salas remarcó que «nosotros presentamos un recurso de alzada porque había una irregularidad respecto a un miembro del tribunal, que no podía serlo por pertenecer a la escala de personal laboral no sanitario». El estatuto marco recoge que sólo podrán ser miembros del tribunal el personal laboral, funcionario o estatutario, perteneciente a instituciones sanitarias.

Asimismo, también denunciaron que «se habían incumplido las bases del propio concurso, porque sólo se había realizado la fase de oposición, pero no se tuvo en cuenta los méritos». Las normas de la convocatoria contemplaban que podían aprobar un 50% más que las plazas ofertadas, es decir, 15 personas.

El colectivo de afectados cree que el consejero de Salud «tenía que haber resuelto antes el recurso de alzada y no haber esperado hasta que se pronuncie la Fiscalía». Salas consideró que la decisión de resolver o no el recurso administrativo «es potestad del propio consejero, pero no lo quiere hacer».

Para el colectivo de afectados la negativa del consejero de Salud a resolver este caso «es una lavada de manos». «Él nos ha comentado que todavía no han sacado el listado definitivo y nos ha insinuado que va a esperar a que resuelvan los tribunales este concurso». Sin embargo, Salas cree que «todos vamos a trabajar con incertidumbre y otros con miedo, porque en cuanto salgan publicadas las listas los aprobados accederán a los puestos».