El precio de la vivienda de segunda mano en Bilbao ha aumentado un 6,21% en lo que llevamos de año. Traducido a euros, esto equivale a que un comprador tiene que pagar por un piso usado 279.378 euros frente a los 263.035 que a finales del pasado ejercicio.

Según un informe elaborado por la empresa Tecnocasa, obtenido a través de sus 21 oficinas en Bilbao, «durante los últimos doce meses, el precio de los inmuebles se ha encarecido de media un 13,28% en todas las tipologías de viviendas, es decir, 32.757 euros más sobre los 246.621 euros que los bilbaínos tenían que pagar en 2005».

La venta de pisos usados ha evolucionado a un ritmo diferente en función del número de habitaciones que tenga el inmueble. Por orden de demanda, la vivienda de dos dormitorios se convierte en la opción preferida por parejas jóvenes que inician una vida en común y personas recién emancipadas del hogar familiar. Aunque son los pisos más demandados, su precio ha aumentado en 12.658 euros con respecto al pasado año, de 177.102 a 189.760 euros.

Las viviendas de tres habitaciones ocupan, según el informe de Tecnocasa, el segundo lugar. El precio de estos inmuebles ha crecido un 6,46% y se sitúa en los 270.997 euros.

El estudio de la inmobiliaria prevé que en lo que queda de año, «el precio de los pisos de segunda mano crecerá de forma más moderada, situando el coste de las viviendas usadas a un valor por debajo del actual.

Macrosentada

Tras las diversas sentadas protagonizadas contra 'el precio abusivo' de las casas en Bilbao, la Plataforma por una Vivienda Digna (PVD) ha constituido una asamblea territorial en Euskadi. Entre sus primeras acciones destacan una 'macrosentada' durante la Aste Nagusia. El acto tendrá lugar el sábado 26 de agosto a las ocho de la tarde frente al Ayuntamiento de la capital vizcaína.

El comité de Euskadi se une a los ya existentes en Madrid y Barcelona. Próximamente se unirá Valencia. Su objetivo es reclamar el artículo 47 de la constitución que habla del «derecho de todo ciudadano a una vivienda digna». La asamblea denuncia la «corrupción y el fraude existentes en el sector inmobiliario».

Los miembros del comité proponen, entre otras soluciones, «el inmediato incremento del gasto público en viviendas protegidas o la creación de una agencia de control del fraude, para así fomentar la compra de inmuebles frente al alquiler».