El Partido Popular exigió ayer al Gobierno vasco el «cumplimiento» de la propuesta aprobada en noviembre en el Parlamento sobre el plan de ayudas a cuidadores de personas dependientes en el ámbito familiar. Según los datos que manejan, en Vizcaya hay 12.500 familias que se dedican a cuidar de sus mayores y, en muchos casos, «sustituyen a las enfermeras pero sin título oficial, trabajando sin horarios y sin ninguna contraprestación».

La parlamentaria Juana Iturmendi denunció que muchas de estas mujeres sufren trastornos derivados del estrés «y les resulta casi imposible poder acceder a un trabajo remunerado». Estas familias, añadió la juntera Nerea Llanos, «suponen un gran ahorro a las instituciones, pues la Diputación destina 60 euros diarios a pagar a una residencia para que cuide de la persona dependiente y, mientras los enfermos están en casa, no producen gastos a la Administración».

Llanos aseguró que existe una «discriminación» entre los territorios, ya que en Álava las familias afectadas cuentan con una remuneración económica desde 2004, mientras que en Vizcaya estas prestaciones aún no existen. Por ello, el PP presentará en septiembre una iniciativa para que la Diputación reparta estas ayudas. Proponen empezar con 500 familias que percibirían 500 euros cada una. En 2007 habría 600 beneficiarios y la suma se elevaría a 600 euros.