Los responsables municipales de Castro no se fían de algunos agentes de la Policía local. Así de tajantes se mostraron ayer el alcalde, Fernando Muguruza, y el delegado de Interior, Salvador Hierro. Sus recelos les han llevado a dudar «del criterio de «ciertos» guardias urbanos «a la hora de poner multas de tráfico» que conlleven la retirada de puntos. Por ello, se plantean «filtrar» las denuncias antes de que lleguen a la Dirección de Tráfico.

«Algunos, una minoría, demuestran una actitud muy poco profesional, contraria a este equipo de gobierno», acusó Muguruza. A su entender, ese colectivo «podría usar las multas de tráfico como venganza contra los concejales del tripartito (PRC, PP e IU) o contra algunos vecinos». «Hace poco han sancionado por hablar por el móvil a un corporativo que desmiente que hiciera tal cosa porque tiene 'manos libres'», detalló el edil de Interior.

Para evitar esas «venganzas», el Ayuntamiento estudia ejercer de filtro entre la Policía local y la Dirección de Tráfico, que es el órgano que finalmente retira los puntos a tenor de la denuncia. «Allí no saben si la denuncia es injusta. Sólo es un número más», advirtió Salvador Hierro. El edil de Interior detalló que barajan que «el alcalde, que por ley puede ejercer esa potestad, sea quien revise las multas antes de que vayan a Tráfico».

Falta de respeto

La decisión se tomará en los próximos días «en una reunión con el jefe de la Policía local, el edil de Interior, el secretario municipal y yo», anunció Fernando Muguruza. El regidor reconoció que «en principio» no iba a solicitar la potestad de controlar las sanciones, pero «las suspicacias» de Salvador Hierro han acabado por convencerle. «Es cierto que algunos agentes han demostrado poca profesionalidad en diversas ocasiones», apostilló el primer edil.

Fuentes de UGT en la guardia urbana criticaron ayer a los dos corporativos por «no respetar la independencia» del cuerpo. «Tras valorar lo que han dicho, actuaremos en consecuencia», anunciaron. Desde el inicio de la legislatura, las relaciones entre un amplio sector de los agentes y el tripartito castreño no han sido buenas. De hecho, en mayo el alcalde abrió expedientes disciplinarios a ocho guardias por presunta desobediencia. La medida motivó una manifestación de 500 funcionarios.