La peatonalización de las calles Gran Vía, Ercilla y Diputación de Bilbao va más allá de los trabajos propios de su transformación urbana. El Ayuntamiento ha invertido cerca de 385.000 euros en reformar el pavimento de estas vías desde que se dieran por finalizadas las obras en marzo de 2002. Los arreglos, no obstante, ya vivieron su primer episodio un año antes, cuando la empresa adjudicataria del proyecto se vio obligada a sustituir los adoquines de diferentes tramos recién inaugurados debido a su mal estado.

El escaso tráfico que confluye por estas arterias fue suficiente para poner de manifiesto las deficiencias de los materiales utilizados. Autobuses y camiones de carga y descarga se convirtieron en su peor enemigo. A pesar de esta situación, el Consistorio confió en que los fallos no se repitieran y «cedió la garantía de la obra a la compañía en julio de 2002, sólo cuatro meses después de que terminaran las labores de acondicionamiento», señaló ayer el concejal del PP, Carlos García.

Apenas dos meses después comenzaría el gasto municipal en esta materia. En total, cuatro reparaciones en las tres calles. La última y a su vez la más cara -unos 330.000 euros- tuvo lugar en la Gran Vía en abril del año pasado. Se sustituyeron los adoquines en el tramo comprendido entre la Plaza Moyua y Alameda Mazarredo por una capa de hormigón, mucho más adecuada para soportar la circulación de la zona. «Lo que deberían hacer es tomar una medida técnica definitiva porque hay más puntos, como el cruce de Ercilla con Iparraguirre, que necesitan una mejora», expresó García.

Cuatro ampliaciones

La «mala gestión» del Consistorio, según los populares, arrancó a la par que la adjudicación de las obras para hacer peatonal estos viales. Catorce empresas se interesaron por llevar a cabo esta iniciativa y los responsables municipales se decantaron por la opción más barata. El presupuesto ascendió en un primer momento a 3.087.153 euros.

Esta cantidad fue, sin embargo, variando tras iniciarse los tajos en 1999. «Se produjeron hasta cuatro ampliaciones que llevaron a la compañía a cobrar finalmente un 50% más del precio estipulado», denunció el concejal del PP. De junio de 2000 a octubre de 2001, la factura 'engordó' hasta los 4,4 millones de euros. «Es incomprensible cómo el Ayuntamiento permitió estas subidas. Está claro que quienes mandan son las empresas», reprochó García.

El PP afirma que el proyecto y las obras escaparon a todo control al revelar que los trabajos duraron el doble de lo previsto y que el Ayuntamiento tuvo que abonar en agosto de 2000 una multa por valor de 6.000 euros al Gobierno vasco «por haber comenzado las obras sin el perceptivo estudio y sin contar con un coordinador de seguridad», apuntó García.