El cobro de una tasa de 36 euros por oficiar bodas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Arrigorriaga tiene base legal. Así lo estima el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, que ha archivado la denuncia que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) presentó contra el alcalde de Arrigorriaga el pasado mes de febrero. Argumentó la Sala que este impuesto -que asciende a 36,06 euros- contradecía «la gratuidad de todas las bodas civiles, sean celebradas por jueces del Registro Civil, jueces de paz o alcaldes y concejales».

Sin embargo, el alcalde del municipio, Alberto Ruiz de Azúa, alegó que respetaba la gratuidad de los enlaces y que la tasa se cobraba «exclusivamente por el uso del salón de plenos municipal». «El que quiera casarse gratis en Arrigorriaga puede hacerlo en el Juzgado de Paz o en mi propio despacho, pero el uso del salón no es gratuito», insistía el máximo edil.

Ahora, el juez de Instrucción le ha dado la razón al estimar que los hechos denunciados «no son constitutivos de infracción penal». «Es competencia exclusiva del Ayuntamiento decidir sobre las tasas municipales y hay apariencia de cobertura legal para el dictado de los decretos de la Alcaldía que permiten el cobro de tasas por el uso del local», señala el auto, que advierte de que los 36 euros exigidos a los contrayentes no tienen que ver con la boda.

El juez considera que no se puede hablar de una exacción porque «la exigencia de abono de la tasa está amparada en una ordenanza fiscal municipal -que el alcalde presentó en el juzgado- y se adecúa a su contenido económico». De ese modo, «no existe acto de imposición de la autoridad carente de base legal».

El alcalde de Arrigorriaga acogió ayer el fallo «con satisfacción» y reiteró que únicamente «se está aplicando la normativa». «Esperamos que si alguien tenía alguna sospecha, el asunto quede zanjado», añadió.

Más de 30 enlaces

El máximo edil recordó que anualmente se ofician más de treinta bodas civiles en Arrigorriaga y que «la mayoría» de los contrayentes eligen el salón de plenos, «más grande y apropiado» para celebrar los enlaces. «La jueza de paz únicamente casa un sábado al mes, mientras que nosotros lo hacemos cualquier día del año. Por eso, la gente prefiere hacerlo en el Ayuntamiento y entiende que esos 36 euros que cobramos son por usar el salón, su acondicionamiento y limpieza», explicó Ruiz de Azua.

Además de Arrigorriaga otras normativas locales también contemplan esta tasa. En Barakaldo se cobran 90 euros y en el municipio cántabro Castro-Urdiales, se exige el abono de 83,25 euros.