Los gobiernos de Irlanda del Norte, Gran Bretaña y España se personaron como partes interesadas en el proceso contra la fiscalidad de las Azores. Cada uno, para defender su tema particular, pero con el objetivo de conseguir que el Tribunal de Luxemburgo admita la existencia de regímenes fiscales diferentes dentro de un mismo Estado. Irlanda del Norte quería preservar su particular estatus al margen del Reino Unido; Gran Bretaña, la 'singularidad' fiscal del Peñón de Gibraltar; y España el régimen de Concierto pactado con el País Vasco y Navarra.

La presencia del Ejecutivo español como parte en el proceso ha sido objeto de mucha 'cocina' previa, ya que, según las fuentes consultadas, fueron las diputaciones forales las que consiguieron convencer a la Administración central para que adoptase una posición de defensa activa del Concierto en las máximas instancias de la UE.

La estrategia de acercarse de forma progresiva al Tribunal de Luxemburgo para testar su opinión real sobre una materia hasta ahora carente de doctrina -la existencia de zonas de un país con una fiscalidad distinta a la de su propio Estado- fue diseñada con mimo y, aseguran personas conocedoras del proceso, es obra del abogado bilbaíno Ignacio Sáenz-Cortabarría, un experto en temas comunitarios, contratado por las tres diputaciones para representarlas ante la Corte de la UE.