El Juzgado de lo Penal número 2 de Barakaldo ha condenado a seis meses de prisión al titular de una ingeniería de Santurtzi por piratear un programa informático para diseñar componentes de automóvil y por impartir clases sobre su uso sin autorización. El procesado deberá pagar una indemnización de 341.800 euros a la sociedad que concede las licencias de ese programa.
Según la sentencia, la firma de Santurtzi instaló en los ordenadores de su oficina el 'software' Tebis, empleado para diseñar y mecanizar piezas de la industria del automóvil, la aeronáutica y la de electrodomésticos. La jueza considera probado que la ingeniería no pidió permiso a la sociedad Deltacad, encargada de expedir las licencias en exclusiva para España y Portugal. Por cada una de ellas cobra entre 40.000 y 50.000 euros, cantidad a la que hay que añadir un pago anual del 12% por mantenimiento.
La resolución judicial indica, además, que el condenado enseñó cómo funciona el programa informático a un empleado de otra empresa en 2002, también sin la autorización de Deltacad. Para el magistrado, todos estos hechos son constitutivos de un delito contra la propiedad intelectual que está recogido en el Código Penal.
Las pruebas se obtuvieron durante un registro en la empresa de Santurtzi el 17 de marzo de 2003. La Policía comprobó que los equipos informáticos contenían el 'software' y se incautaron, además, de abundantes documentos, cuatro 'cedés' y siete disquetes con diferentes versiones. El fraude se confirmó porque para usar legalmente el programa Tebis es necesario disponer de otro componente y de unos códigos de números que sólo se obtienen con la licencia.
La sentencia explica que el procesado se mostró de acuerdo con la calificación fiscal y con la pena solicitada, de modo que la condena y la imposición de las costas fueron dictadas sin necesidad de que continuara el juicio.
Fuentes de Deltacad explicaron a EL CORREO que descubrieron el fraude de Santurtzi gracias a «una indiscreción involuntaria» en Bilbao, durante la Bienal de la Máquina Herramienta de 2002. La sociedad tuvo problemas para investigarlo porque los cuerpos policiales y los jueces no estaban familiarizados con casos de pirateo. Al final, las indagaciones las realizó la Policía porque acababa de crear una unidad de delitos informáticos.
