La asociación de padres de alumnos de Vizcaya (Bige) ha acogido con escepticismo el anuncio de Educación de ampliar los controles de los padrones para evitar el fraude en el acceso a los centros escolares. A partir del próximo curso será obligatorio que este documento certifique el registro en el domicilio por un plazo de dos años, una medida que el colectivo ha calificado de «poco operativa» y que deja un margen amplio «a la trampa». «El problema no es de tiempo. En lugar de empadronarles en otro domicilio dos meses antes, lo harán dos años antes», advierten.
Respecto a la denuncia de los padres de Basauri, fuentes de Bige señalaron que tienen «la certeza» de que los empadronamientos denunciados son fraudulentos. «Es indefendible que haya escolares pendientes de una resolución cuando el Ayuntamiento y Educación estaban al tanto desde abril». Bige propuso como solución a este problema «habitual» que a cada alumno le correspondan «varios centros» cerca de su domicilio y no uno sólo. También criticó la «discriminación de las rentas altas».
