Una nueva directiva de la UE abre la posibilidad de cobrar peaje a los camiones en todas las carreteras de la red principal «para luchar contra el daño medioambiental y la congestión del tráfico» que provoca el tráfico pesado. Los principios 'quien utiliza paga' y 'quien contamina paga' están cada vez más presentes en la normativa europea y también en los planes de las instituciones vascas. La Diputación de Guipúzcoa ya ha hecho suyo este planteamiento, mientras que la de Vizcaya, inmersa en una batalla legal por el canon de la A-8, lo estudia con más cautela.
«Tenemos que empezar a pensar cómo poner esto en funcionamiento», afirma el diputado de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero. De momento, los «principios generales» de la directiva se van a incorporar a la nueva Norma Foral de Carreteras, que se espera aprobar antes de fin de año. La modificación pretende evitar la «inseguridad jurídica» que rodea el cobro del peaje en la autopista tras la sentencia que anuló la normativa actual por entender que las tarifas «se extralimitan».
No parece probable, sin embargo, una rebaja. La intención de los responsables forales no es cumplir la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -que ha sido recurrida- sino blindar su política de financiación de infraestructuras con nuevos argumentos derivados de la legislación europea. Sobre todo, en el tema central de la discusión: ¿Se puede utilizar el peaje que se cobra en una autopista para financiar otra como la 'Supersur'?
Los magistrados del Tribunal Superior consideran que no, y en eso se basa la sentencia. En su opinión, el canon debe cubrir únicamente los gastos de mantenimiento y financiación de la A-8, lo que obligaría a aplicar una importante rebaja. La directiva europea que esgrime la Diputación añade que la recaudación puede utilizarse «en beneficio del sector del transporte en su conjunto y en aras del desarrollo equilibrado y sostenible de las redes».
Ahí encajaría la 'Supersur', concebida como una ruta alternativa a una vía permanentemente congestionada. «Es la nueva A-8», enfatiza Melero. Aunque la normativa europea aprobada el pasado mes de mayo corresponde al transporte de mercancías, en uno de sus apartados hace referencia a «otro tipo de vehículos», por lo que la institución foral cree que puede aplicarse a este litigio. Independientemente de que le dé o no la razón, la directiva, que se incorporará a la legislación española en 2008, va bastante más allá del pleito.
Corredor del Txorierri
La Diputación de Guipúzcoa lo ha visto claro. Ya se ha anunciado el cobro de peaje para camiones en la N-1, la autovía de Navarra y la carretera de Endarlatsa para 2012, el plazo límite que marca la UE. A partir de ese momento, se podrá extender el canon a los coches, siempre que «no tenga efectos perjudiciales en el libre flujo del tráfico». En la postura de Guipúzcoa ha pesado su condición de territorio fronterizo con un importante volumen de tráfico pesado.
Vizcaya también es terreno abonado para los camiones, pero la Diputación prefiere ir más despacio. «Ahora no estamos pensando en extender los peajes a otras infraestructuras», afirma Eusebio Melero. El concepto de «red transeuropea» que maneja la UE se corresponde con la A-8 y la A-68, aunque puede ampliarse a otras vías como el corredor del Txorierri «y los alimentadores de la red principal». «No hemos empezado a hacer el mapa, pero en lo que sí pensamos es en el transporte pesado».
Pese a reconocer que finalmente la Diputación «no podrá escapar» a las directrices europeas, Melero centra por ahora todos sus esfuerzos en la nueva Norma Foral de Carreteras, que el día 24 espera llevar al Consejo de Gobierno. Los principios que defiende la UE sobre la recuperación de los costes de una infraestructura se tendrán en cuenta a la hora de redefinir el peaje de la A-8, pero no se esperan cambios sustanciales en las tarifas.
