Las Juntas Generales alavesas rechazan abonar la factura del abogado que ha defendido la postura de las instituciones vascas ante las sentencias y autos contrarios al tipo impositivo aplicado al Impuesto de Sociedades. La Mesa de la Cámara foral consideró ayer «no aceptable» la minuta de 1,4 millones que ha girado a las diputaciones, los legislativos provinciales y al Gobierno de Ibarretxe el bufete de Ignacio Sáenz-Cortabarria.
Los grupos del PNV, el PSE y EA, con mayoría en este órgano, rehusan pagar los 122.400 euros que le corresponden a la Cámara y han acordado solicitar al colegio de abogados pertinente un dictamen sobre si esos honorarios se ajustan o no a sus criterios.
Según portavoces de PSE, las Juntas explicarán en su petición por qué les resulta «excesiva y abusiva». Los socialistas han liderado este 'plante' en contra del criterio del PP, el partido que gobierna en minoría la Diputación alavesa. El grupo popular defendió ayer el abono de la minuta «por coherencia» con la decisión del Gabinete de Ramón Rabanera, que ya girado al letrado los 122.400 euros que le tocaban.
