El Gobierno, en una decisión sin precedentes, suspendió ayer la celebración de la cumbre de ministros de Vivienda de la Unión Europea prevista para los próximos 16 y 17 de octubre en Barcelona. El Ministerio del Interior, a pesar de la recomendación en contra de varios expertos y asesores de seguridad, aconsejó a la titular de Vivienda, María Antonia Trujillo, anular la cita europea ante el miedo de que centenares de 'okupas' y miembros de los movimientos antisistema que proliferan en Cataluña protagonizaran incidentes graves e intentarán sabotear la reunión.
El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue tajante: «En materia de seguridad más vale prevenir que curar». El ministro señaló que la decisión de no celebrar el evento se tomó por «unanimidad» en la reunión que el lunes mantuvo la Junta de Seguridad de Cataluña, un organismo colegiado con representación de los Mossos d'Esquadra, Policía local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Delegación del Gobierno. El dispositivo de seguridad del evento iba a correr a cargo, principalmente, de los Mossos -desplegados en el centro de la ciudad- y el Cuerpo Nacional de Policía -en funciones de protección periférica y refuerzo-.
Frente a la decisión de suspender, expertos de la Administración central defendieron la necesidad de celebrar el acto ante la «mala imagen» que supone anular una convocatoria internacional sólo una semana antes de su inicio. Varios mandos policiales recordaron que durante la Presidencia española de la UE en 2002 ya hubo millares de activistas antisistema en Barcelona y se les pudo controlar. Lo mismo pasó en noviembre de 2005, cuando un millar de activistas protestaron durante la Cumbre Euromediterránea sin que pudieran desbordar los cordones policiales y sin disturbios de relevancia.
Finalmente, las reflexiones de estos analistas fueron rechazadas por el Gobierno, que considera un «mal menor» que la suspensión aparezca como una victoria de los activistas antisistema. Responsables policiales se quejaron ayer de que Vivienda e Interior tampoco escucharon sus razones cuando advirtieron antes de convocar el encuentro de que la capital catalana no era el «lugar más adecuado» para una reunión internacional sobre vivienda, habida cuenta de la fuerte implantación del colectivo 'okupa' en la ciudad, uno de los más importantes de Europa después de Londres y Berlín.
Versiones encontradas
El Gobierno central y la Generalitat discreparon ayer sobre quién propuso la suspensión del acto. Según las versión de Interior, el consejo partió de los Mossos d'Esquadra. La Policía autonómica insistió durante la junta del lunes en que, según sus servicios de información, grupos 'okupas' ya habían llamado a movilizarse a través de Internet para esos días, que además coinciden con el inicio de la campaña electoral para los comicios autonómicos del 1 de noviembre.
Sin embargo, la consejera de Interior de la Generalitat, Montserrat Tura, asegura que su departamento no ha desaconsejado al Ejecutivo central en ningún momento cancelar la cita y que ésta ha sido una decisión estrictamente del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Tura insistió en que si se celebra la reunión habría habido un «dispositivo de seguridad» suficiente para controlar eventuales altercados.
En cualquier caso, en la decisión de los miembros de la Junta de Seguridad pesaron los incidentes del pasado jueves cuando una manifestación de colectivos antiglobalización desembocó en enfrentamientos con las fuerzas de Seguridad, que incluyó el lanzamiento de cohetes contra los agentes.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, argumentó «razones de oportunidad» para aplazar el encuentro que coincide con el arranque de la campaña electoral. Rangel dejó abierta la posibilidad de que esta cumbre se celebre en la Ciudad Condal una vez que pasen las elecciones. En parecidos terminos se expresó la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo , quien se mostró confiada en que la cumbre pueda celebrarse algún día en la ciudad condal. La única condición, dijo, es que «se pueda garantizar su desarrollo de forma segura».
«Cesión al chantaje»
El PP se mostró muy crítico con la decisión del Ejecutivo de anular el encuentro ministerial europeo. El presidente de los 'populares' catalanes, Josep Piqué, calificó la noticia de «pésima» y consideró que «alguien debería asumir responsabilidades» por la desconvocatoria de la cumbre. Además, estimó que los ciudadanos «no se pueden ver amedrentados» por los radicales. El presidente de esta formación en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, acusó a su vez al Gobierno catalán de «ceder al chantaje» de los antisistema de «forma vergonzosa».
La Asamblea por una Vivienda Digna, el colectivo que suele convocar las principales protestas, anunció que mantiene la convocatoria de su 'sentada popular' frente al Palacio de Congresos de la capital catalana aunque no haya ningún ministro de la UE. Esta organización interpretó la anulación de la cumbre como «una decisión política» que se justifica porque las autoridades «no pueden asumir las protestas ciudadanas» justo antes de unas elecciones.
