Un docente de la UPV que denunció ante la institución académica a dos profesores del Departamento de Estomatología por acoso ha recurrido a los tribunales para obligar al rector a cumplir la resolución del 'comité anti mobbing' dictada hace un año y en la que se exigía la apertura de un expediente sancionador a los acusados. El juicio se celebró ayer en el Juzgado de lo Contencioso de Bilbao y, durante su desarrollo, el representante legal de la Universidad destacó que el rector decidió en su día que no son necesarias las medidas disciplinarias que ordenaba el comité, a pesar de que este organismo, compuesto por miembros designados por el Rectorado y los sindicatos, consideró probada la existencia de «acciones graves y continuadas» contra el profesor.
La reclamación de la víctima del acoso laboral ha acabado en los juzgados tras un trayecto de años por diferentes instancias de la UPV. El profesor del Departamento de Estomatología presentó la denuncia por acoso laboral contra dos docentes de su área en el año 2003. Su caso, tras pasar por la unidad de prevención de riesgos laborales sin encontrar solución alguna, llegó a la mesa del comité arbitral cuando se constituyó en febrero de 2005. La comisión realizó una investigación y concluyó que existían pruebas de que se estaba produciendo «acoso moral en las labores universitarias, reiterado en el tiempo, desde 1999». El comité arbitral emitió una resolución en octubre de 2005 en la que detallaba que esas agresiones consistían en una secuencia de «actuaciones hostiles, degradantes e intimidatorias» y ordenaba, entre otras medidas, la apertura de expedientes disciplinarios a los dos acusados.
En noviembre de ese mismo año, Juan Ignacio Pérez dictó una resolución en la que anunciaba que se iban a poner en marcha las acciones de fiscalización y control de la legalidad en el funcionamiento del departamento aconsejadas por el comité, pero no las disciplinarias. En los seis meses siguientes, el afectado envió una decena de escritos al rector y al comité arbitral para informar de que el acoso continuaba. Los miembros del órgano arbitral dieron un ultimátum al rector en abril de 2005: le comunicaron por escrito que dimitirían si no ponía en marcha las medidas exigidas. Este comité universitario, dedicado a atajar los casos de acoso, ha paralizado su actividad desde entonces ante la falta de respuesta de Pérez a sus reclamaciones, y acumula varias denuncias por mobbing que no ha podido investigar.
Honor y dignidad
El afectado decidió llevar su caso a los tribunales con la intención de que los jueces ordenen al rector que cumpla la decisión del comité arbitral y abra expediente sancionador a los acusados. En la vista celebrada ayer, el abogado del denunciante argumentó que se ha puesto en conocimiento del juzgado la existencia de unos hechos «graves y claros» de «agresiones continuadas de un grupo de docentes a otro», consideradas probadas por un órgano universitario. «No son denuncias absurdas e incoherentes», puntualizó. A su juicio, el afectado tiene derecho a que se inicie un proceso después de no sentirse amparado con la respuesta de la UPV. «Se trata de dar satisfacción a su honor profesional y dignidad», añadió.
El letrado de la UPV resaltó que «no hay necesidad de aplicar medidas disciplinarias», porque las que se han puesto en marcha son suficientes. Los abogados de los acusados resaltaron que «no está acreditado el acoso» y que la decisión del comité «carece de fundamento».
La víctima de mobbing ha recurrido también al Parlamento vasco. Envió en julio un escrito para que se trate su caso en la comisión de Educación. En esa petición se preguntaba «¿quién es más responsable del acoso; si el que lo hace o el que no hace nada por resolverlo?». El docente se encuentra de baja por las consecuencias psicológicas de su situación laboral.
