La Guardia Civil ha detenido en Bilbao a uno de los seis presuntos integrantes de una banda acusada de defraudar más de 120 millones de euros a Hacienda entre 2002 y 2004. Según explicaron los responsables del caso, el grupo -que operaba también en Madrid y Alicante- realizaba importaciones y exportaciones ficticias de material informático y después reclamaba al fisco la devolución del IVA.
La operación, bautizada como 'Altagracia', ha supuesto más de dos años de pesquisas y ha estado dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. Según explicó ayer la Guardia Civil, los arrestados habían creado un entramado de sociedades fantasma -conocidas en argot como 'truchas'- que simulaban introducir material informático en el mercado nacional o, en ocasiones, incrementaban considerablemente el montante de las facturas. «Únicamente generaban la apariencia de importación, comercio interior o exportación», comenta el instituto armado.
Una vez que las partidas ficticias estaban supuestamente en su poder, realizaban una falsa venta al extranjero y solicitaban a la Hacienda Pública la devolución del IVA, ya que las exportaciones a otros países comunitarios están exentas de este gravamen. Este circuito, que los expertos denominan 'carrusel del IVA', se repetía en diversas ocasiones con el fin de maximizar los beneficios.
La facturación de las operaciones comerciales supuestamente realizadas por la banda superó entre 2002 y 2004 los 650 millones de euros, con un fraude por encima de 120 millones. Al frente de las sociedades colocaban a 'hombres de paja' que desconocían las actividades mercantiles y delictivas de las empresas.
Los encargados del caso han detenido a seis personas: cuatro en Madrid -el presunto cabecilla, M.F.D.C., argentino de 42 años; los también argentinos R.F.E., de 46 años, y J.A.S., de 32, y el español M.C.B., de 32-, una más en Bilbao (de quien sólo han trascendido las iniciales, R.M.) y otra en Alicante, F.M.C.P., argentino de 36 años. Además, se han practicado doce registros en los domicilios de los arrestados y en los centros de negocios donde se ubicaban las sociedades empleadas para el fraude. En concreto, diez registros han tenido lugar en Madrid y los otros dos en la capital vizcaína.
120 cuentas bancarias
Los responsables de la operación han intervenido más de 120 cuentas bancarias y 26 propiedades inmobiliarias, además de requisar diez vehículos de gama alta, 30.000 euros en efectivo y abundante documentación. Los delitos contra la Hacienda Pública se han imputado a ochenta personas físicas y setenta jurídicas. En la investigación, han colaborado especialistas de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude e inspectores adscritos a la Fiscalía Anticorrupción.
Las actividades de este tipo figuran entre las preocupaciones fiscales más acuciantes de las autoridades europeas, ya que suponen un fraude de miles de millones al año.
