El Gobierno vasco se esforzó ayer en estar importancia al déficit histórico que presentan las cuentas de la Seguridad Social en Euskadi, circunstancia que utilizó como un «argumento más» para reclamar la transferencia de esta competencia. Su portavoz, Miren Azkarate (PNV), reiteró el viejo argumento de que desde Vitoria se gestionarían con mayor eficacia los recursos públicos para hacer viable el sistema, siempre, eso sí, que se tenga un cierto control sobre el catálogo general de prestaciones y la capacidad para regular la inmigración como fuente de nuevos cotizantes.
Los datos del Ministerio de Trabajo, difundidos a través de la página 'web' de la Seguridad Social y publicados ayer por EL CORREO, cifran en 311 millones los 'números rojos' de ese organismo en el País Vasco. Esa suma, la más alta jamás conocida, supera en un 47% la del ejercicio anterior, triplica con creces la de 2003 y multiplica por cuatro la de 2002. El desajuste citado se refiere a la diferencia entre ingresos por cotizaciones sociales -4.963.666 millones- y las cantidades que se pagan por pensiones contributivas, bajas de enfermedad y de maternidad y ayudas familiares -5.274.772 millones-. Unas prestaciones que forman parte de un catálogo que el Ejecutivo autónomo propuso ayer someter a debate político si se producían las transferencias.
Azkarate aseguró que ha habido ya «propuestas concretas» sobre el traspaso de la competencia en la materia, «con sistema de compensación y solidaridad».
A pesar de su espectacular cuantía, al Gobierno no le sorprende el déficit, señaló la portavoz, que se produce en una época de bonanza económica, en la que el sistema presenta un superávit sin precedentes -4.592 millones- en el conjunto de España. De hecho, un estudio del propio Ejecutivo ya vaticinaba esa situación en 2002. Las causas, indicó, son demográficas -envejecimiento de la población-, económicas -aumento de la cuantía media de las pensiones- e industriales -desequilibrios generados por las reconversiones, que atribuyó a decisiones adoptadas por el Gobierno central-.
Sin viabilidad
CC OO de Euskadi también se pronunció ayer sobre el asunto y defendió un «sistema público de pensiones viable, solidario y de reparto». Recordó que el País Vasco es receptor de la solidaridad del resto de los territorios, de España «por lo que un sistema público propio de pensiones no tendría viabilidad sin estar comunicado con el sistema público del conjunto del Estado».
La posición del Gobierno casco de querer asumir esta competencia a pesar del déficit, denunció, «sólo puede obedecer a la puesta en marcha de un modelo de protección social de carácter mutualista; es decir, aquel modelo en el que el sistema público se reduce a la mínima expresión, dando un peso más importante a los sistemas complementarios de pensiones, sean éstas individuales o de empleo».
La incorporación de inmigrantes a la economía vasca -tan importante para la viabilidad de las pensiones- aumentó un 13,3% en los nueve primeros meses, frente al 11,6% del conjunto de España. Pese a todo, los 40.518 extranjeros afiliados a la Seguridad Social a finales de septiembre sólo representaban el 2,75% del total del país.
