El debate en el Parlamento europeo sobre el llamado 'proceso de paz' al día siguiente de que ETA sustrajera 350 armas condujo al resultado que cabía esperar. El contenido de las intervenciones de los distintos portavoces ofreció más confusión que claridad no sólo porque reflejó la abierta discrepancia entre las dos grandes formaciones españolas. También porque demostró que en el resto de Europa persisten algunas visiones distorsionadas del drama del terrorismo en Euskadi y en el conjunto de España. Nada más elocuente que la votación final -con 321 parlamentarios a favor de la resolución promovida por el PSOE, 311 en contra y 24 abstenciones- para comprobar que hubiese sido mejor no haber celebrado o haber pospuesto la celebración del debate para un momento más oportuno, sin el grado de división y la incertidumbre actuales.
La obstinación socialista en granjearse el respaldo de las instituciones europeas a su iniciativa de paz había convertido la votación en poco menos que en un fín en sí misma. Como si la victoria en el foro europeo sobre las tesis defendidas por el PP nos acercara más rápidamente al final definitivo del terrorismo. Es cierto que sólo una lectura interesada del texto aprobado podría llevar a la conclusión de que su contenido respondía a la concepción que ETA tiene del 'proceso de paz'. Pero, especialmente tras el robo con violencia perpetrado en suelo francés, es evidente que la banda terrorista ha podido asistir con satisfacción a la enésima escenificación de la división entre los demócratas e incluso entre las propias víctimas.
El Gobierno incurriría en un serio error si pensara que el debate y la votación de Estrasburgo han fortalecido su iniciativa y su posición tanto ante ETA como ante aquellos sectores políticos y de opinión que vienen oponiéndose o mostrando serias discrepancias respecto a la gestión gubernamental del 'alto el fuego permanente' de la banda terrorista. Entre otras razones porque, tras semanas de kale borroka y mensajes amenazantes de ETA y del talante inmovilista exhibido por los dirigentes de Batasuna, el robo de armas perpetrado con toda probabilidad por un comando etarra contradice frontalmente la condición «para un final dialogado» explicitada en la resolución del Congreso de los Diputados y recogida en el texto aprobado en Estrasburgo: una clara voluntad para poner fin a la violencia por parte de ETA. La pretendida soledad del Partido Popular en materia antiterrorista corre el riesgo de conducir al Gobierno socialista a una grave equivocación si continúa sin percatarse de que la distancia a la que su iniciativa se está situando respecto al primer partido de la oposición debilita al Ejecutivo ante ETA. Porque si ya la fractura entre las dos formaciones llamadas a sucederse en el Gobierno de España constituye en sí misma la peor de las situaciones para enfrentarse al terrorismo, la quiebra adquiere tintes extraordinariamente peligrosos en el momento en que el Ejecutivo trata de encarar el tramo crucial de la formalización de las conversaciones con ETA.
Es lógico que, en estas circunstancias, y ante la implacable oposición que ejerce el PP, surja la preocupación de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se sienta tentado a atender a las exigencias etarras con el único fin de acelerar el proceso y eludir el peligro de un revés inmediato. Ese es precisamente el terreno que busca ETA: un Ejecutivo que evita reconocer su comprometida situación mediante constantes referencias a la soledad del PP. Ninguna catastrofismo de la oposición debería servir como excusa para que el Gobierno renuncie o se niegue abiertamente a rectificar el rumbo de su gestión. En este sentido urge que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero dé cuenta precisa de su verificación del alto el fuego y esté dispuesto a que sus interpretaciones puedan ser públicamente contrastadas con la percepción que tanto el resto de las fuerzas políticas como la propia ciudadanía tienen al respecto. La opinión pública sabe y valora el hecho de que hayan transcurrido más de tres años sin atentados mortales por parte de ETA. Pero cada irrupción de la banda en escena y cada declaración de los portavoces de la izquierda abertzale generan el lógico temor de que, en cualquier momento, los episodios de violencia callejera puedan dar paso a lo peor.
En su comparecencia de ayer el presidente Rodríguez Zapatero anunció que, de confirmarse la autoría de ETA en el robo de las armas, el hecho «tendrá consecuencias». Una vez más, el lenguaje críptico del presidente defrauda la necesidad que siente la ciudadanía de contar con un relato explícito sobre la situación, las intenciones del Gobierno y las condiciones que a su entender ha de hacer cumplir la democracia. No es suficiente con que ETA haya dejado de asesinar. No es suficiente con que ETA deje de emplear la violencia física. Es imprescindible que la sociedad tenga la plena seguridad de que la amenaza directa o latente del terrorismo haya desaparecido para siempre. Como ayer mismo recordaba el vicepresidente de la Comisión Europea, el horizonte no puede ser otro que «el desarme total y la disolución del grupo terrorista». Pero lo relevante es que dicha meta se vea reflejada, sin opacidades ni circunloquios, en cada paso que dé el Gobierno y en cada palabra que pronuncien los gestores directos de su iniciativa de paz. Convertir la necesaria discreción gubernamental en silencio o enigma sólo beneficia a los terroristas y a la perpetuación de su presencia fáctica.
