La Dirección de Tráfico del Gobierno vasco ha perdonado algunas multas impuestas por el radar del túnel de Artaza por exceso de velocidad este año al asumir que hubo un «retraso» en la notificación de las sanciones, «imputable a la Administración». Tráfico admite una demora de hasta cuatro meses -dentro del límite legal de medio año para infracciones graves- y entiende que la «inmediatez» al comunicar una sanción «conlleva un mayor componente pedagógico y de modificación de conductas», según la respuesta a recursos y quejas presentados por conductores denunciados a los que ha tenido acceso este periódico. En estos casos, en los que los afectados acumulan varias multas, el Gobierno vasco ha optado por sobreseer todas las denuncias excepto la primera al considerar que el infractor no tuvo oportunidad de rectificar. Esto no significa una amnistía general, sino que el Departamento de Interior «estudiará cada recurso -en cualquier expediente sancionador- y, en función de las pruebas y los argumentos de alegación, se aceptará o rechazará», apuntó un portavoz.
'Cazado' 10 veces
Los automovilistas sancionados se aferran a esta posibilidad, aunque «con pocas esperanzas», confiesa Joseba, un joven bilbaíno de 25 años, visitante habitual de Sopelana, al que le han cazado al menos 10 veces en la curva de Artaza a entre 90 y 100 kilómetros entre los meses de julio y agosto. «Si me hubiesen avisado a tiempo, no habría vuelto a pasar a velocidad excesiva», protesta. Joseba asegura que la acumulación de sanciones le ha afectado profundamente y que vive con «miedo» la llegada del cartero a su barrio. Piensa recurrir todas las sanciones, pero si llegaran a tramitarse le supondrían un desembolso de 5.000 euros, y quedarse dos años sin carné, hasta que pudiera volver a examinarse, según las consultas legales que ha realizado.
El radar de Artaza se ha convertido en el más activo del territorio al registrar más de 28.000 sanciones por exceso de velocidad en lo que va de año. Se trata en su mayoría de infracciones graves que superan en más de un 50% el límite de 60 kilómetros por hora y suponen multa económica de más de 300 euros y retirada del carné de entre uno y tres meses, además de supresión de seis puntos si la infracción es posterior al uno de julio, fecha en la que entró en vigor el nuevo modelo de permiso de conducir. El cinemómetro se disparó en abril y fotografió a 13.197 vehículos que circulaban a más velocidad de la permitida. Sin embargo, las primeras cartas de notificación no empezaron a llegar a los domicilios de los infractores hasta agosto, cuatro meses después, debido a un «fallo informático», según reconoció el director de Tráfico, Andoni Arriola.
