La Diputación aprobó ayer el proyecto de la nueva Norma Foral de Carreteras, con el fin de blindar su política de financiación de infraestructuras frente a la batalla legal suscitada en torno al peaje de la A-8. El documento se trasladará a las Juntas Generales para su debate, aunque será seis meses después, tras las elecciones del próximo año, cuando se concreten las repercusiones prácticas para los usuarios. Un decreto determinará entonces cuáles son las carreteras de pago del territorio histórico y fijará el importe del canon, tanto en la autopista como en la futura 'Supersur'.
Con esta norma quedará derogada la que se aprobó en diciembre de 2002 y ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Aunque la sentencia no es firme -ha sido recurrida ante el Supremo- el Gobierno foral quiere evitar la «inseguridad jurídica» que crea esta situación. El fallo da la razón a un recurso del PP con el argumento de que las tarifas de la A-8 «se extralimitan», porque no sólo cubren sus gastos de conservación, sino que parte del dinero se destina a construir otras carreteras.
La Diputación, lejos de compartir esta premisa, ha buscado un refuerzo para su modelo de financiación de infraestructuras, en el que el canon de la A-8 es una importante fuente de recursos. Y lo ha encontrado en Europa. La última directiva sobre esta materia, que deberá aplicarse en todos los estados miembros antes de junio de 2008, hace suyos los principios de 'quien contamina paga' y 'quien utiliza paga'. Aunque en su epígrafe sólo se refiere a los transportes pesados, uno de sus artículos extiende el ámbito de actuación «a otro tipo de vehículos», siempre que las tarifas no provoquen «distorsiones de la competencia» entre operadores. «¿Acaso el deterioro de las carreteras, el ruido y la contaminación no los provocan también los turismos?», planteó ayer el diputado de Obras Públicas y Transportes, Eusebio Melero.
Seguridad vial
La directiva aplica dos principios básicos: la financiación de las infraestructuras viarias «debe recaer principalmente en los usuarios» y el dinero recaudado con el peaje se invertirá en la red viaria o en el sector del transporte en su conjunto. A la hora de fijar las tarifas se introduce el concepto del «peaje medio ponderado», en el que se imputan costes de construcción, mantenimiento y explotación de la vía. El importe podrá «modularse» también por aspectos novedosos como «la lucha contra el daño medioambiental y la congestión del tráfico» o «el fomento de la seguridad vial». Por último, se puede incluir «un margen de beneficio basado en las condiciones del mercado».
Esta «metodología» se va a utilizar para revisar el peaje de la A-8 en el decreto del próximo año. La directiva abre la posibilidad de extender el canon a carreteras que ahora son gratuitas, especialmente para los camiones, pero Melero afirmó que «estamos pensando en la A-8 y la 'Supersur'». Aunque la posibilidad de imputar más costes sugiere un aumento de las tarifas, los responsables forales se mostraron cautos. «Podrá dar más bajo o más alto, todavía no se ha tomado ninguna decisión». La Diputación tiene margen para decidir qué porcentaje de todos esos gastos se recupera con la recaudación.
