El pleno del Parlamento vasco presentó ayer una enmienda -que sustituye a la propuesta inicial del PP y que aúna la opinión de todos los grupos políticos con representación en la Cámara vasca-, por la que insta al Departamento de Educación a que investigue, junto con el Ayuntamiento de Basauri, las denuncias de empadronamientos fraudulentos en la Ikastola Ariz de la citada localidad.
Durante toda la mañana, los parlamentarios debatieron una proposición no de ley de los populares, así como las enmiendas del resto de partidos políticos, para elevar al Ejecutivo autónomo los problemas surgidos por las alteraciones en la documentación a presentar a la hora de matricular a los niños en los centros educativos. El caso salió a la luz el pasado mes de marzo.
Varios padres denunciaron a través de la asociación de padres de alumnos de Vizcaya (BIGE), que alrededor de veinte niños habían conseguido plaza en la Ikastola Ariz al presentar empadronamientos fraudulentos. Los pequeños no vivían donde declaraba el documento oficial, sino que sus padres los inscribieron en casas de familiares o amigos para contar con más posibilidades de ser aceptados en esta escuela. La proximidad al colegio es uno de los varemos prioritarios a la hora de conseguir una plaza por lo que este tipo de «picaresca» parece ser una práctica habitual en Vizcaya.
Finalmente ayer, todos los partidos políticos -PNV, EB, EA, PP, PSE y Aralar- decidieron consensuar una texto conjunto por el que también instan a Educación a revisar la normativa y los procedimientos de admisión de alumnos. «En particular, en lo que se refiere a la acreditación que afecta al criterio de proximidad del domicilio familiar, al objeto de que la documentación a aportar por las familias exprese sin género de dudas que el alumno reside en la vivienda donde dice acreditar».
Por último, la Cámara pide a Eudel «máxima colaboración» para que los Ayuntamientos extremen las medidas y garanticen que los certificados de empadronamiento reflejen la realidad de la situación de residencia domiciliaria y así «evitar fraudes y posiciones de ventaja» en la escolarización del alumnado de la CAPV. No obstante, el parlamentario popular Iñaki Oyarzabal se quedó solo al solicitar que los niños afectados «se incorporen al centro educativo de Ariz de manera inmediata».
«Empadronamiento libre»
Tras conocerse el caso de Basauri, el alcalde de la localidad, Rafa Ibargüen, aseguró que «el empadronamiento es libre» y que ellos no pueden negarse «a darle dicho documento a quien lo solicite». Educación anunció que de cara al próximo curso escolar ampliaría los controles de los padrones y obligaría a que este documento certifique el registro en el domicilio por un plazo de dos años. Pero BIGE calificó la medida de «poco operativa» y que deja un margen amplio «a la trampa».
