Un juzgado de Santander investiga la construcción de tres chalés en Ribamontán al Monte, una localidad próxima a Noja cuyo nombre es una hermosa redundancia. Hasta ahí la noticia no dice nada digno de mayor interés. Un juzgado ordenó en su día la demolición de la segunda planta de la casa que la hermana del Rey tiene en Porto Pi hace unos años. Otro ha dictaminado que el chalé de Ardanza en Urdaibai debe experimentar un tratamiento análogo. O sea , que si gente tan principal se enfrenta a problemas con la Ley a propósito de sus viviendas, nada hay de singular en que tengan problemas tres chalecitos de Ribamontán, no fuera porque pertenecen a responsables de ese Santo Oficio urbanístico que es Arca, un colectivo incansable en la denuncia de urbanizaciones que vulneran la Ley de Costas e implacable en la petición de que sean demolidas.
Y héte aquí que, al parecer, la mujer del presidente de Arca, una procuradora habitual de la asociación y un familiar de ésta tramitaron permisos para construir tres chalés en otras tantas parcelas rústicas, cuando en realidad se trataba de una sola parcela. Y es que el reglamento aplicable establece que se puede autorizar la construcción de una vivienda en una parcela de terreno rústico, siempre que no haya más en la misma finca. El abogado denunciante, que lo es también de las víctimas de Arca, acusa a los denunciados de actuar fraudulentamente al solicitar los tres permisos en un plazo de tiempo en el que aún no se había construido la primera casa.
Arca cree en una rigurosa división del trabajo inspirada por la la reputada ley del embudo: unos denunciamos y otros pierden sus casas. La igualdad de los ciudadanos ante la Ley les hace incurrir en cierto victimismo, en plan esto nos pasa por luchar contra la corrupción urbanística: «No tenemos que dar explicaciones sobre cómo se han comprado nuestras casas. ¿Faltaría más!». Ni un comentario adicional. Estas palabras se explican por sí mismas.
