Las hemerotecas registraron hace unos años un sonado rifirrafe a cuenta de una de las viviendas cedidas por el Gobierno vasco para la residencia de los responsables de la Judicatura y de la Fiscalía. Tras su llegada al poder en 1996, el primer Ejecutivo capitaneado por José María Aznar nombró fiscal general del Estado a Jesús Cardenal, hasta entonces máximo representante del Ministerio Público en Euskadi. Durante cuatro años, su cargo en la comunidad autónoma fue desempeñado de forma interina por María Ángeles Montes; esa provisionalidad provocó hasta casi la mitad del mandato de Cardenal en Madrid un enfrentamiento con la consejería de Justicia, entonces en manos de los socialistas, que le exigía no sólo que se cubriera con todas las consecuencias su plaza en el TSJPV, sino que renunciara al piso de titularidad pública que tenía asignado en Bilbao.
Durante un tiempo, Cardenal arguyó que estaba prestando un servicio especial sin duración fijada y desoyó los requerimientos del departamento dirigido por Francisco Egea, que llegó a darle dos meses para que cediera la vivienda. El fiscal acabó haciéndolo.
Las cuestiones vinculadas a los domicilios de los jueces en Euskadi volvieron a aflorar, por un motivo totalmente diferente, tras el asesinato a manos de ETA de José María Lidón, de cuya muerte acaban de cumplirse cinco años. Alarmado ante la posibilidad de que el atentado desatara una fuga de profesionales de los tribunales vascos, el Consejo del Poder Judicial se planteó una estrategia en colaboración con el Gobierno de Vitoria para favorecer la compra y el alquiler de casas a los jueces y fiscales que optaran por quedarse. La medida no prosperó.
