El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de la diputada de Cultura, Belén Greaves, en las Juntas Generales para que explique el coste que supondrá a las arcas forales el despido de seis arqueólogos que trabajaban para la Fundación Euskoiker, constituida por las tres diputaciones, las cámaras de comercio y la UPV. Como parte integrante de la entidad, la institución foral vizcaína se personó en el proceso judicial el pasado mes de mayo.
Los profesionales -cinco arqueólogos y una topógrafa- participaban en la restauración de la catedral vitoriana de Santa María y denunciaron sus «lamentables» condiciones laborales. Además, acusaron al director del proyecto de «ningunearles». En enero de 2006, después de varios años de trabajo, reclamaron un incremento salarial y más días de vacaciones. Hasta entonces tenían quince, según consta en los escritos donde recogían sus peticiones.
Un mes después, el director del proyecto les comunicó que «había decidido prescindir de sus servicios», por lo que llevaron a los tribunales a la Fundación Euskoiker. Sus denuncias «han causado revuelo en el mundo de la arqueología y el patrimonio», asegura el apoderado Arturo Aldecoa.
Al parecer, el proceso judicial se ha desactivado tras pagar «fuertes indemnizaciones a los afectados en lugar de la readmisión». El PP ha solicitado la comparecencia de Belén Greaves en las Juntas para conocer en detalle «los acuerdos económicos alcanzados con cada uno de ellos» y su repercusión en la Diputación de Vizcaya como miembro de la fundación. «De ser cierto sólo la mitad de lo denunciado, es un caso muy grave desde el punto de vista laboral y humano», concluye Aldecoa.
