Sube el mercurio de la tensión en el proceso de negociación con ETA a un ritmo vertiginoso. Está el ambiente muy alterado. Otegi, el personaje político que más comparece ante los medios de comunicación (muchísimo más que el consejero Azkarraga, que ha tenido su semana de gloria quitándoles los pisos a los jueces) aseguraba ayer su disposición a «desactivar» el terrorismo callejero. El portavoz de la ilegalizada Batasuna está buscando desesperadamente a un Tony Blair en La Moncloa sin percatarse de que él, precisamente, no es el Gerry Adams que un buen día pegó un puñetazo sobre la mesa de su particular banda terrorista (IRA).
Pero el cuadro de la situación ofrece otras estampas inquietantes. La nueva huelga de hambre del preso etarra De Juana Chaos ha encontrado apoyo no sólo en su entorno sino justificación en el Gobierno vasco (si los jueces no se hubieran descarriado, el preso etarra no se habría visto abocado a «recurrir» a esta medida, según la portavoz Azkarate) y comprensión en el Partido Socialista (la última sentencia dificulta el proceso, según el presidente Zapatero, y la condena por dos artículos amenazantes fue demasiado severa, según López).
Y a la Justicia se le va acumulando el trabajo mientras el poder ejecutivo y legislativo no parecen muy interesados en que cumpla con su deber. Por lo visto, el Estado de Derecho, cuando se negocia con ETA, debe estar de vacaciones. Si esa barbaridad la está reclamando el núcleo de Otegi es porque alguien les debió dar a entender que era asumible.
No son buenos tiempos tampoco para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que está viviendo en una verdadera olla a presión desde hace demasiado tiempo. Esa sentencia camboyana del Gobierno de querer «quitar privilegios» o de que los magistrados se paguen su piso «como todo hijo de vecino» se puede volver contra nuestros propios consejeros. Si quieren ser como «todo hijo de vecino» podrían predicar con el ejemplo y desprenderse de los coches oficiales, de los chóferes y de unas cuantas ventajas más de las que disfrutan gracias a los contribuyentes. Así es que no sería demasiado moderno entrar por la deriva populista.
Pero ese empeño de nuestros gobernantes en presionar a la Justicia cada vez que los magistrados emiten sentencias o admiten recursos que no les gustan, está siendo ya una costumbre que dice muy poco de quienes se pasan el día predicando la necesidad de que la independencia y la separación de los poderes sea un hecho en un Estado democrático como el nuestro. Lo peor de todo es que da la impresión de que ETA esté buscando excusas para justificar una posible ruptura de su alto el fuego. Algo parecido ocurrió en 1998. Pero los protagonistas paganos de entonces fueron otros.
