El jurado declaró anoche culpable de los delitos de asesinato con alevosía, quebrantamiento de condena y violencia doméstica habitual a Felipe Ardanza Ugarte por matar de una cuchillada en el vientre en enero de 2005 a su compañera, Ofelia Hernández, delante de sus hijos en el domicilio familiar en Durango.
El tribunal popular, compuesto por tres mujeres y seis hombres, concluyó después de un día de deliberaciones que concurren en el caso los agravantes de parentesco, por la relación sentimental que unía a víctima y agresor, y reincidencia, ya que el procesado había sido condenado por agresión y amenazas en julio y septiembre de 2004 y, en el momento de los hechos, pesaba sobre él una orden de alejamiento. Como único atenuante, incluyen el de «reparación parcial de daño», al haber depositado los padres de Felipe Ardanza 36.000 euros en la cuenta del juzgado días antes de comenzar el juicio. El veredicto, que leyó la portavoz del jurado a las 20.00 horas, desbarató todas las demás alegaciones presentadas por la defensa al no apreciar ni la eximente incompleta por trastorno mental, ni los atenuantes de trastorno límite de la personalidad y drogadicción, ni el arrebato u obcecación, ni tampoco el arrepentimiento espontáneo.
Tras escuchar el implacable veredicto, las partes expusieron sus peticiones de condena y responsabilidad civil para que a partir de ahora la magistrada-presidenta del tribunal redacte la sentencia y fije la pena y la indemnización para los dos hijos de la víctima, que tenían 4 y 11 años en el momento de los hechos.
La fiscal rebajó de 20 a 17 años y seis meses de cárcel su petición por el delito de asesinato con alevosía al entender que el agravante de parentesco pesaba sobre el atenuante de reparación del daño. En cuanto al quebrantamiento de condena y los malos tratos, mantuvo la pena inicial. En total, el ministerio público solicitó 21 años y medio de prisión para Felipe Ardanza, y que no pueda acercarse a los dos menores durante los próximos 33 años. Además, deberá indemnizar a cada uno de los niños con 86.000 euros.
Decisión «previsible»
El Ayuntamiento de Durango y Clara Campoamor reprodujeron sus acusaciones al reclamar 24 años de prisión por entender que la agravante compensa a la atenuante apreciada. La abogada de la asociación feminista añadió la prohibición de la patria potestad de la niña, hija del condenado.
Por su parte, la defensa, que anunció que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, se inclinó por el castigo mínimo de 15 años por asesinato, nueve meses por quebrantamiento de condena y un año y nueve meses por malos tratos; esto es, 17 años en total. Se mostró conforme con la Fiscalía en la cantidad a entregar a los pequeños.
El letrado Jon Andoni Bengoetxea valoró la decisión como «previsible», al tratarse de un tribunal «no profesional del Derecho» que atiende «al resultado final» de un caso que generó una gran «alarma social». Bengoetxea esperó que sus alegaciones, con matices técnicos, prosperen «ante un tribunal togado». Tras la lectura del veredicto, el reo fue trasladado de nuevo a la cárcel de Basauri, donde permanecía ingresado en prisión provisional desde su detención.
