La magistrada del Penal número Dos de Logroño ha impuesto sendas condenas de seis meses de prisión a los dos socios de una empresa auxiliar del calzado ubicada en Arnedo como autores de un delito contra el derecho de los trabajadores.
Los hechos sentenciados se remontan al 5 de mayo de 2004, cuando a última hora de la tarde se personaron en el pabellón de los encausados, dedicado al guarnecido y moldeado de zapatos, varios inspectores de trabajo. Una vez allí comprobaron, como ya constaba en las observaciones que por la Policía Judicial se habían practicado en los días anteriores, que los trabajadores del turno de noche de la empresa llegaban a las 20.00 horas al centro de trabajo y permanecían en él hasta las 7.00 horas del día siguiente.
Todo ello con una serie de peculiaridades, como que durante este tiempo permanecían cerrados con llave en el interior hasta que se incorporaba el turno de mañana, que trabajaban durante once horas seguidas y que su labor la desarrollaban muy cerca de materias inflamables.
En el momento de la intervención se encontraban en la empresa siete personas, cinco de ellas de nacionalidad ecuatoriana y otras dos procedentes de países del Este, de las que tan sólo una estaba trabajando legalmente.
Los mencionados trabajadores no tenían un salario mínimo garantizado por horas como prevé el convenio colectivo y las condiciones que se les había impuesto superaban en mucho los mínimos de derecho necesario reconocidos en la legislación laboral, según constata la sentencia.
Multa de 1.080 euros
Además de los seis meses de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de duración de la pena, se les impone a ambos una multa de 1.080 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago de un día por cada dos cuotas impagadas.
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Logroño juzgará el lunes y el martes a nueve personas acusadas de un delito de tráfico de drogas para las que el representante del ministerio público solicita unas condenas que oscilan entre cinco y nueve años de cárcel.
Además, la Fiscalía pide para estos procesados distintas multas, cuyo importe global supera con creces los 300.000 euros.
Entre los nueve imputados, dos de los cuales poseen antecedentes penales, figuran tres colombianos y un marroquí. Asimismo, cuatro de ellos pertenecen a una misma familia.
Tanto el dinero intervenido en esta operación como el producto de la venta de las joyas incautadas se ingresará en el Tesoro Público.
